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viernes, 11 de febrero de 2011

En Santa María Yohueche se encarcela a evangélicos


Arzobispo advierte que la intolerancia religiosa es un riesgo para la paz social.
En la comunidad indígena de Santa María Yohueche la autoridad municipal aplica multas de hasta 6 mil pesos y cárcel al ciudadano que profese una religión distinta a la católica.

Tan sólo en los últimos dos años 12 familias evangélicas han sido desterradas de la comunidad ubicada en la sierra norte, a 90 kilómetros de la capital oaxaqueña.

Donaciano Díaz Ruiz, pastor evangélico radicado en Los Ángeles, California, aseguró que él junto con Jaime Lorenzo y sus esposas fueron encarcelados tras promover la construcción de un templo evangélico en la comarca.Él y su esposa Angélica Díaz tienen la nacionalidad estadunidense y han demandado la intervención de la embajada de ese país.

Dijo que de “manera arbitraria” fueron detenidos en dos ocasiones.
Señaló que ya presentaron una queja ante la Secretaría de Gobernación por la violación a la ley de culto público y ante las autoridades estatales por la privación ilegal de su libertad.

De acuerdo con la Comisión por la Defensa de los Derechos Humanos de Oaxaca, los conflictos por intolerancia religiosa son una constante en aquellos municipios regidos con normas comunitarias y no se acepta en los poblados la diversidad de creencia religiosa.

En tanto, la Procuraduría General de Justicia dictó medidas cautelares a favor del pastor evangélico y los expulsados por las autoridades y pobladores de Santa María Yohueche.

La comisionada de Derechos Humanos, Eréndira Cruz Villegas, dijo que las medidas emitidas son para la preservación de la integridad física de los miembros de la iglesia evangélica. Dijo que de configurarse un delito, se procederá contra la autoridad municipal por ser parte de la violencia hacia los profesantes evangélicos.

Las medidas cautelares aplicadas incluyen el patrullaje en la zona para proteger a las familias de los evangélicos desplazados, al tiempo de que los expulsados ya presentaron una denuncia penal contra las autoridades y responsables de la expulsión por los delitos de intolerancia religiosa, reportó la funcionaria estatal.

En tanto, el arzobispo de la diócesis de Oaxaca, José Luis Chávez Botello, aseguró que en la entidad los conflictos de intolerancia religiosa ya representan un peligro para la gobernabilidad y paz social de las comunidades indígenas.

El prelado demando una revisión legal y seria en el temas de usos y costumbres, porque la intolerancia puede deberse, dijo, a que se ignora que este tema debe ser abordado por los legisladores y a los afectados directos.
(vía milenio.com

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