domingo, 27 de noviembre de 2011

Las religiones minoritarias reclaman normas que eviten la discriminación

Las religiones minoritarias en España reclaman al nuevo Gobierno que desarrolle la legislación que garantiza la libertad de culto, para evitar "discriminaciones y arbitrariedades" en temas como la construcción de centros religiosos o cementerios y la enseñanza religiosa.

Evangélicos, musulmanes o judíos denuncian la falta de una normativa común para toda España en materias "muy sensibles y que generan desconfianza y recelos que se podrían evitar con unas normas claras", explica a EFE el portavoz de la Federación de Iglesias Evangélicas de España (FEDERE), Jorge Fernández.

Permisos arbitrarios, normas contradictorias, autorizaciones que no llegan e inspecciones constantes y meticulosas son algunos problemas a los que se enfrentan los líderes religiosos, que ven cómo una y otra vez sus templos se ven precintados, prohibidos o desterrados a los polígonos industriales fuera del casco urbano.

De hecho, la normativa relativa a la apertura y gestión de lugares de culto es el principal caballo de batalla de todas las minorías religiosas en España.

"No se trata de un problema de xenofobia, es un problema de no saber cómo afrontar las nuevas necesidades de las confesiones minoritarias por no tener un referente claro", argumenta la directora técnica del Observatorio del Pluralismo Religioso en España, Puerto García.

EL CURA Y EL ALCALDE

El director del Observatorio, José Manuel López, explica que "hasta hace poco, si había alguna cuestión religiosa que resolver el cura llamaba al alcalde y se arreglaba todo; eso ya no vale en un país con ocho religiones reconocidas como de 'notorio arraigo' y otras muchas sensibilidades religiosas".

A ello se suma el hecho de que en los últimos años, la mayoría de las confesiones ha visto aumentar su número de fieles y sus necesidades.

Así, García señala que los protestantes están en España desde el siglo XIX, "pero se conformaban con abrir pequeños lugares de reunión con un cartelito en la puerta que pasaba casi desapercibido".

El crecimiento exponencial de todas las religiones minoritarias en los últimos años ha "puesto sobre la mesa" y hace visible el tema de la diversidad religiosa y obliga a las autoridades, especialmente las locales, a tomar decisiones.

A falta de precedentes, las autoridades "reaccionan ante el temor de que la situación se desborde y se apresuran a poner límites", explica García.

Para el Observatorio, la existencia de una ley estatal que asuma los cambios en la sociedad española "facilitaría" la gestión de un asunto que afecta de manera transversal a gobiernos autonómicos y locales.

IGLESIAS Y BARES

Así, el portavoz de FEDERE pone como ejemplo el hecho de que hace unos meses, la concejalía de Urbanismo de Lérida justificaba los expedientes de cierre a iglesias evangélicas argumentando que el Ayuntamiento se había limitado "a hacer cumplir de manera estricta toda la normativa municipal" sobre locales públicos y que en el mismo periodo también se habían cerrado "muchos prostíbulos y bares".

Ante el deterioro de la situación, los evangélicos salieron a la calle a manifestarse en defensa de la libertad religiosa y para pedir que se cumplan las leyes que garantizan su libre ejercicio.

Por ello, los evangelistas reclaman que el próximo Gobierno "aplique de una vez por todas las directrices de la Constitución" y las leyes que regulan el derecho a la libertad religiosa, que "remuevan los obstáculos existentes" y se garantice una libertad de culto "real y efectiva".

También la Federación de Comunidades Judías de España lleva varios años reclamando que los convenios derivados de la Ley de Libertad Religiosa de 1980 "no han tenido desarrollo normativo", algo imprescindible mientras se promueve una nueva ley que actualice los conceptos y se adapte mejor a la nueva realidad de España.

Así, en 2011, el entonces presidente de la federación, Jacob Israel, enumeraba entre las principales dificultades que enfrenta la comunidad judía en España -formada por cerca de 45.000 personas- la posibilidad de ofrecer apoyo espiritual en las cárceles, hospitales o el Ejército, y el problema de las concesiones de terrenos y autorizaciones para la construcción de nuevos templos.

NO ESTÁN SOLAS

Pero las confesiones minoritarias no están solas en sus reclamaciones.

También la Iglesia Católica considera necesario garantizar la "defensa y la promoción de la libertad religiosa para todos", explica el director del Secretariado de Relaciones Interconfesionales de la Conferencia Episcopal Española, el sacerdote Manuel Barrios.

"Esto no sólo implica la no coacción externa en temas de religión, sino también la posibilidad de poder ejercer el propio culto garantizando las condiciones para ello", subraya Barrios, quien destaca la de tener templos adecuados como una de las principales.

También los Jesuitas son conscientes del diferente trato que reciben las religiones minoritarias, como demuestra el hecho de que incluyeran un punto específico en el documento "Crisis prolongada, solidaridad reforzada" de propuestas para las elecciones generales.

Así, consideran "esencial fortalecer la libertad religiosa y la normalización en la presencia de todas las confesiones en España basada en la legalidad, el diálogo y el máximo respeto a las creencias de cada persona".

"Entre otras medidas -subraya el texto- es necesario que todas las confesiones puedan contar con lugares de culto que sean dignos y accesibles".

También el Consejo de Europa, a través de un informe de la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia recomendaba en febrero de 2011 a las autoridades que garantizaran el respeto a la libertad religiosa, como recoge el artículo 9 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

"No es razonable que en muchos casos se rechacen las solicitudes de construcción de nuevas mezquitas" en España, decía.

Además, el informe calificaba de "discriminación" que los colegios públicos estén obligados a ofrecer la clase de religión optativa, mientras que el resto de creencias necesita un mínimo de 10 alumnos.

"Hay mucha desconfianza y desconocimiento de los musulmanes en España, cuando somos más de 1,5 millones, de los que algo más de un tercio tiene nacionalidad española y vota en las elecciones", explica el presidente de la Unión de Comunidades Islámicas de España, Riay Tatary.

En su opinión, el nuevo Gobierno debería "hacer un esfuerzo de proximidad" con los musulmanes para difundir el conocimiento de su realidad, y desarrollar la legislación existente para "especificar de manera clara" los derechos de las religiones minoritarias.

"Si existe una normativa clara amparada por las leyes nos será más fácil luchar contra fenómenos discriminatorios o racistas que ahora se ocultan por el vacío legal y la arbitrariedad", concluye.

(vía adn.es)

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