La ONU denunció hoy que la respuesta de las fuerzas de seguridad birmanas a los enfrentamientos ocurridos entre budistas y musulmanes en la provincia de Rakhine (oeste del país) se ha convertido en una campaña contra la comunidad musulmana, cuyos derechos básicos no son reconocidos por el Gobierno.
Ginebra - La ONU denunció hoy que la respuesta de las fuerzas de seguridad birmanas a los enfrentamientos ocurridos entre budistas y musulmanes en la provincia de Rakhine (oeste del país) se ha convertido en una campaña contra la comunidad musulmana, cuyos derechos básicos no son reconocidos por el Gobierno.
El portavoz de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Rupert Colville, dijo en conferencia de prensa que han recibido información sobre "respuestas discriminatorias y arbitrarias de las fuerzas de seguridad (en los enfrentamientos) e incluso instigación y participación de estas en la violencia".
Los disturbios, en los que han muerto al menos 78 personas y se han incendiado 2.230 edificios, se desencadenaron tras el hallazgo el pasado 28 de mayo de una mujer budista supuestamente violada y asesinada por tres musulmanes.
A partir de entonces, comunidades de musulmanes y budistas se enfrentaron, incendiaron y saquearon diversas localidades de Rakhine.
El 10 de junio se declaró el estado de excepción, con el que se logró disminuir el nivel de violencia.
Colville lamentó que los últimos acontecimientos acaecidos en el oeste de Myanmar "ponen de manifiesto la discriminación permanente y sistemática contra la comunidad musulmana de rohingya, cuyos miembros no son reconocidos por el Estado y son considerados apátridas".
Unos 800.000 musulmanes de esta etnia viven en Birmania, la mayoría de ellos en Rakhine y las autoridades mantienen que proceden de la vecina Bangladesh.
El Gobierno bangladesí tampoco reconoce a esta comunidad apátrida y unos 300.000 rohingyas viven hacinados en campos de refugiados.
"El Gobierno (birmano) tiene la responsabilidad de evitar y penar los actos violentos, independientemente de que grupo étnico o religioso es responsable", denunció Colville.
Por su parte, el portavoz de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Andrej Mahecic, cifró en unas 80.000 personas las desplazadas por los enfrentamientos en la región, 30.000 de las cuales han recibido algún tipo de asistencia.
Mahecic explicó que la mayor parte de los afectados viven en campos para desplazados internos, si bien agregó que muchos de aquellos cuyos hogares no fueron destruidos durante los enfrentamientos han regresado a sus casas.
Asimismo, denunció que los movimientos de estos desplazados están restringidos en el pueblo de Sittwe, donde por ejemplo se les impide trabajar como vendedores en los mercados o como taxistas de bicicletas.
"Los pescadores tampoco pueden acceder al lago, y las aguas cercanas son demasiado turbulentas para pescar. Algunos dicen que se están quedando sin comida y sin dinero, y los enfermos ahora tienen que recorrer distancia más largas para acceder a los centros de salud en los campamentos", doncluyó.
No hay comentarios:
Publicar un comentario