miércoles, 13 de marzo de 2013

El contraataque fallido de la Iglesia española

La Conferencia Episcopal lleva años en campaña ante el alejamiento de la sociedad de sus preceptos morales

En España cada vez se aborta más, se usa más el preservativo y decaen los matrimonios religiosos

La Iglesia cuenta con privilegios fiscales y una extensa red educativa amparada en el Concordato de 1979

El cardenal Rouco Varela en una manifestación contra el matrimonio gay

El cardenal Rouco Varela en una manifestación contra el matrimonio gay

Raúl Rejón

La Conferencia Episcopal Española se revuelve ante el alejamiento de la sociedad de las premisas que marca para el estilo de vida de unos ciudadanos que miran para otro lado. Ya no marca la senda como durante siglos. Ante la caída del estilo de vida católico en España, la Iglesia echa mano de las herramientas legales, financieras, educativas y mediáticas a su alcance para revertir esta situación. Sin éxito.

España cuenta con 34 millones de católicos (un 72% de la población), según el Consejo de Investigaciones Sociológicas. Pero los pilares de la práctica religiosa se diluyen sin cesar. Los matrimonios religiosos en el país han caído sin freno. De 160.000 en el año 2000 se desplomaron a 80.000 en 2009. Y en 2012 fueron 41.778. De todas las uniones, sólo el 1,9% fueron entre personas del mismo sexo, uno de los frentes donde la Iglesia católica ha presentado una resistencia más beligerante.

Al mismo tiempo que cada vez menos personas optaban por pasar por la vicaría, otro de los caballos de batalla de la Conferencia Episcopal, el aborto, se ha ido incorporando más y más a la sociedad española. Según las estadísticas del Ministerio de Sanidad, en 1995 se practicaron 49.367 interrupciones del embarazo. Cinco años después, en 2000, fueron 63.756. Y en 2010 113.031. Ese año, en julio, se aprobó la ley de plazos. Un año después, los abortos llegaron a 118.359.

Para evidenciar con mayor profundidad cómo la sociedad española se separa de los preceptos de la cúpula católica, el uso del preservativo se dispara. Según la Sociedad Española de Contracepción, el condón está presente en España en unas tasas superiores al 37%. Es casi diez puntos superior a la media en la Unión Europea que se coloca en el 18%.

Oleada conservadora

A medida que los católicos ignoran las indicaciones de la jerarquía eclesiástica, los obispos defiende sus posiciones y sus privilegios. Gracias al Concordato entre España y la Santa Sede, la Iglesia recibe un adelanto a cuenta de lo que los contribuyentes marcan en sus declaraciones de la renta. Para 2013 serán 243 millones de euros. Además, está exenta de pagar el IBI de sus edificios, el impuesto de patrimonio o el IVA. Un vistazo a los gastos de la Conferencia Episcopal refleja que utiliza, según su memoria económica, un 72% de su presupuesto en el mantenimiento del clero y un 16% en obras pastorales. 18.000 sacerdotes ejercen en España, según la propia Conferencia.

Si el flanco legal y económico está bien cubierto, el de los mandatos de su código moral ha merecido una contraofensiva por parte de los obispos. Ante la ley del matrimonio homosexual, la Conferencia apoyó la manifestación montada por el Foro de la Familia en Madrid el 18 de junio de 2005. Hizo un “llamamiento, en especial a los católicos” para lo que denominaron “una lucha justa” contra una “ley injusta y contraria a la razón”.

Cuando el Gobierno del PSOE llevó a las Cortes Generales la ley de plazos para la interrupción del embarazo también se colocó al frente la curia española al calificar la manifestación de protesta de 19 de octubre de 2009 como “legítima y conveniente” y la aprobación del texto como “daño irreparable al bien común”.

La Conferencia Episcopal cuenta con más de 2.400 centros de enseñanza concertada en España –el 92% de todos sus colegios, según la Federación de Escuelas Católicas– por donde pasan 1,3 millones de alumnos cada curso. Además, tiene la potestad de dar el visto bueno a los profesores de religión cuyas nóminas se pagan con fondos públicos. La asignatura de religión está dentro del currículo evaluable de los alumnos. Para aquellos que no desean cursarla, el Estado debe montar una alternativa también evaluable.

(vía eldiario.es)

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