viernes, 14 de junio de 2013

El irresuelto problema de la religión en la política

 

LEO ZUCKERMANN

Todos las naciones, de alguna manera u otra, luchan por resolver hasta dónde se vale que la religión se entrometa en la política. Están, desde luego, las teocracias. Ahí los sacerdotes gobiernan de acuerdo a las leyes religiosas. En Irán, por ejemplo, el Corán es la ley y los ayatolas son las principales autoridades. En estos países hay gente que está en desacuerdo con este tipo de gobiernos en pleno siglo XXI. Luchan, generalmente de manera clandestina y soterrada, por transitar a gobiernos laicos como los que existen en Occidente.

Pero en este tipo de regímenes, que hoy por hoy son, por fortuna, en su gran mayoría democracias liberales, existe el problema de hasta dónde los sacerdotes pueden entrometerse en la vida pública y hasta dónde los políticos usar a la religión en sus decisiones.

En Israel, el único régimen democrático-liberal en el Medio Oriente, el vínculo con la religión judía no está resuelto: no existe un Estado laico. Partidos religiosos están representados en el Parlamento con la fuerza política suficiente para imponer la aplicación de ciertas normas del Pentateuco como las de la nación. Están prohibidos, por ejemplo, la circulación de transporte público durante el sábado o los matrimonios civiles (todos deben realizarse por la religión).

En Estados Unidos, la religión juega un papel importantísimo en la política. Los grupos cristianos están metidísimos en el Partido Republicano. Son, quizá, su electorado más importante. Los católicos y judíos no se quedan atrás: también tratan de influir en los dos partidos de ese país. Los políticos, por su parte, a menudo utilizan discursos religiosos para ganarse el apoyo de la gente. Las frases "Dios bendiga los Estados Unidos de América" o "Dios los bendiga a ustedes" son comunes y corrientes en el lenguaje político estadounidense a pesar de existir un Estado laico.

Francia es uno de los países que más ha luchado por separar lo de Dios y lo de César, es decir, la religión y la política. Sin embargo, debido a la intensa inmigración musulmana a ese país, la presión ha subido para que esta minoría pueda ejercer públicamente las leyes del Corán. En un caso muy sonado, se debatió si las niñas musulmanas tenían o no el derecho de usar velo en las escuelas públicas.

En fin, que cotidianamente vemos en todos los países la constante lucha por delimitar lo que es de Dios y lo que es del César. Y México no está exento de esta realidad. Hay que recordar que aquí hubo una guerra civil para lograr la separación del Estado de la Iglesia Católica. Todavía hace menos de cien años hubo un conflicto --el cristero-- que dejó miles de muertos por tratar de imponer el Estado laico en México.

Luego vino un largo período de supuesto laicismo en nuestro país. Digo "supuesto" porque soterradamente los gobernantes priístas siempre negociaron llevar la "fiesta en paz" con la Iglesia. Se hacían, por ejemplo, de la vista gorda en cuanto al poder económico y educativo de las autoridades eclesiásticas. Por eso resultó positivo que el presidente Salinas modernizara la relación Estado-Iglesia con la reforma al Artículo 130 Constitucional en 1991.

Desde entonces hemos visto un mayor involucramiento de la religión en la política mexicana. Los dos últimos casos muy sonados han sido, primero, la entrega a "Dios y a su divina voluntad de todo lo que somos, todo lo que tenemos en el estado de Chihuahua" por parte del gobernador de esa entidad; luego la consagración de Monterrey a Jesús que hizo la presidenta municipal de esa ciudad. ¿Se valen? ¿Son legales?

Me queda claro que tanto César Duarte como Margarita Arellanes utilizaron estos discursos religiosos con fines políticos. No lo hicieron en la privacidad de una misa sino en actos públicos. ¿Dónde quedó, entonces, el Estado laico? Insisto: ¿Se vale? ¿Son actos legales?

Hay una autoridad federal que debería resolver este tema aplicando las leyes vigentes. Es la Secretaría de Gobernación que, hasta ahora, no ha dicho esta boca es mía. Es un error. La autoridad debe pronunciarse. ¿Qué pesa más en México: el Artículo Sexto Constitucional que protege la libertad de expresión de Duarte y Arellanes o el Artículo 130 que limita el discurso religioso en la política? El tema merece un debate serio. No debemos soslayarlo. Es parte de la normalidad democrática en todas las naciones incluyendo, desde luego, a México.

(vía eldiariodecoahuila.com.mx)

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