Rafael Navarro-Valls
El catedrático de Derecho Canónico de la Universidad
Complutentense de Madrid y Académico General de la Real Academia de
Jurisprudencia y Legislación de España, Rafael Navarro-Valls, ofrece las claves en este
artículo remitido a Teinteresa.es sobre la polémica generada por el anuncio del PSOE de derogar, si gobierna, los acuerdos entre
Estado e Iglesia.
El libro cuya copia regaló Rajoy al Papa, una
joya de la Biblioteca Nacional
Una cuestión que viene planteándose intermitentemente en España
es la conveniencia –según algunos sectores radicales - de la sustitución o
supresión de los acuerdos vigentes en España entre la Santa Sede y el Estado.
La razón que suele aducirse es la de "adecuar los Acuerdos a laConstitución", en el caso de la sola
revisión; o bien, el sometimiento de la Iglesia Católica a la legislación
común, en caso de denuncia de los acuerdos. Esta última parece ser la posición
adoptada por el PSOE , que en su reciente Conferencia política acuerda
denunciar el concordato(acuerdos) de 1979 con el Vaticano y
renegociarlo "desde cero".
El tema es importante para la Iglesia por varias razones. La
primera porque esos Acuerdos supusieron el final de una etapa de remodelación
de las relaciones Iglesia- Estado en España, que había comenzado unos años
antes de la muerte del general Franco y que se precipitó con su desaparición.
Junto con la Constitución española, dichos Acuerdos suponen todo un símbolo de
la nueva etapa democrática que se abrió. Esto explica que los cinco acuerdos-
que constituyen el contenido de lo que, simplificando, podemos llamar el
"concordato" que sustituyera al del año 1953- , fueran aprobados
entre 1976 y 1979 con amplísimas mayorías en el Parlamento de la joven
democracia española [1].
Un big-bang de concordatos
Las veces que, desde entonces, se ha planteado hipotéticamente
su revisión, ha sido por algunos sectores ideológicos que desconfían de lo que
pudiéramos llamar “legislación especial” sobre cultos. Se trata de la posición
de los amantes de la legislación común. Postura más o menos razonable, si no
fuera a-histórica . Hoy vivimos en una época jurídica marcada por una eclosión
de leyes especiales, informal o formalmente pactadas con diversos grupos
sociales. Leyes que procuran adaptarse a la peculiar estructura de cada uno de
los factores que esos grupos representan, ya se trate del factor laboral, sindical
o sanitario. Es decir, la rigidez de las leyes comunes cede ante la plasticidad
de la vida.
En el marco de las relaciones Estado-Iglesia, esto se manifiesta
en una llamativa eclosión de la legislación pactada en todo el mundo, paralela
a ese crescendo de legislaciones negociadas por los Estados en otros ámbitos
sociales. Es significativo que los acuerdos estipulados por los Estados con la
Iglesia católica en el casi medio siglo que hoy nos separa del Concilio
Vaticano II, superan notablemente en cantidad a todos los suscritos en los
cinco decenios precedentes [2].
La razón estriba en que la bilateralidad potencia fórmulas de
consenso que aquietan las pasiones y, en lo posible, satisfacen las
inteligencias. EnEuropa occidental es muy frecuente y tradicional
(España, Portugal,Italia, Alemania etc) la solución concordataria. A su vez,
después del crak de 1989 en los países del Este europeo se ha producido una
importante aceleración de la conclusión de concordatos y acuerdos (Polonia,Hungría, Coacia, Eslovaquia, Eslovenia, Albania etc). Igualmente Africa ha sido testigo de su
firma entre varios países y la Santa Sede (Costa de Marfil, Gabón, por ejemplo). Sin olvidar Medio Oriente (Israel, la OLP) oAsia (Kazajistán). Y en Latinoamérica cerca de una veintena de
estados centro y sudamericanos conocen esa fórmula: desde Brasil a República Dominicana; de Argentina a Perú, pasando por Haití ; o desde Ecuador aColombia, sin olvidar Venezuela. Un auténtico boom de soluciones jurídicas
consensuadas y elevadas a pacto entre ambas potestades.
No necesidad y dudosa
posibilidad
Dicho esto, es evidente que la revisión de un pacto con rango de
tratado internacional exige, para su revisión, dos presupuestos: necesidad y
posibilidad.
Lo primero es muy dudoso. Para revisar un tratado internacional
se requieren causas importantes y graves. Pensemos en la última revisión
efectuada en España de un concordato con la Santa Sede y las serias
motivaciones que la impulsaron. Me refiero al ya derogado concordato de 1953.
El Estado y la Iglesia católica se encontraron, entre mediados
de los 60 y principios de los 70, con dos problemas de entidad. Por un lado, el
privilegio del fuero que consagraba el concordato de 1953 producía situaciones
anómalas, pues sacerdotes de algún modo conectados con el movimiento terrorista
de ETA no podían ser juzgados por las autoridades civiles, ya que el concordato
exigía la autorización de los correspondientes obispos. Estos no siempre la
otorgaban, dificultando el procedimiento penal y la acción policial.
Por otro lado, a partir del Concilio Vaticano II, la Santa Sede
había rogado a los Estados que renunciaran al privilegio de intervenir en los
nombramientos de autoridades eclesiásticas (incluidos obispos). Entre esos
Estados estaba el español, que por privilegio concedido tenía una notable
intervención en el nombramiento de los obispos. Así pues, el desencadenante de
la revisión del concordato de 1953 fueron dos cuestiones de máxima importancia:
el libre nombramiento de Obispos y la igualdad de todos los ciudadanos frente a
la administración de justicia.
Te interesa: ¿Qué es el concordato entre el Estado y la Iglesia?
Respuestas inteligentes
Si desde estas consideraciones fijamos ahora nuestra mirada en
el vigente “concordato” habrá que convenir que las inevitables fricciones o
temas en discusión entre la Iglesia y el Estado se han ido resolviendo a través
de fórmulas imaginativas que, evitando aplicar la piqueta a una estructura
aceptable, ha dado respuestas inteligentes a nuevas necesidades, sin abrir
formalmente un proceso de revisión. Baste pensar en el simple canje de Notas
(diciembre de 2006) entre la Nunciatura en España y el Ministerio de Exteriores,
por el que se ratifican los acuerdos en materia de financiación de la Iglesia
alcanzados por el Gobierno y la Conferencia Episcopal española. Entre ellos,
nada menos que la definitiva terminación del sistema de dotación presupuestaria
y su sustitución por el de asignación tributaria, elevando al mismo tiempo el
coeficiente de este último al 0,7 % en la declaración del IRPF [3].
Algo similar ocurrió con el problema planteado con el régimen de
los profesores de religión que, después de algunos vaivenes, quedó recogido sin
especiales problemas en un Real Decreto de 2007. Incidentalmente debo decir que
no sería justo hablar solamente de tensiones entre los Gobiernos de R. Zapatero
y la Iglesia, sin mencionar estas dos cuestiones en las que se volvió a la política
de mano tendida del Estado hacia la Iglesia [4].
En fin, las pocas veces que el Tribunal Constitucional ha debido
afrontar cuestiones relacionadas con los Acuerdos (capellanes castrenses,
matrimonio, enseñanza de la religión, idoneidad del profesorado) nunca ha
puesto en duda su constitucionalidad [5], lo que entonces sí que haría
necesaria una revisión. Incluso el Tribunal de Derechos Humanos [6] ha
declarado acordes con el Convenio de Derechos Humanos y con justificación
“objetiva y razonable” la conclusión de Acuerdos entre la Iglesia católica y el
Estado previendo para la Iglesia un estatuto fiscal específico, siempre que quede
abierta la puerta para la conclusión de convenios entre el Estado y otras
Iglesias que así también lo establezca. Lo cual, como es sabido, está previsto
en la ley de libertad religiosa española de 1980.
Descartada, pues, la necesidad de una revisión, digamos que, en
cuanto a su posibilidad, siempre está abierta, desde luego, si ambas partes
(Iglesia y Estado) así lo acuerdan. Pero esta posibilidad – siempre implícita
en todo tratado internacional - no parece que la Iglesia entienda que deba
actualizarse por causas de menor importancia. Y la posible denuncia unilateral
no es factible, entre otras cosas porque la rotura unilateral de un concordato
solamente es posible cuando el propio tratado lo prevea o cuando haya una
violación gravísima por una de las partes [7].
Ya se entiende que esta situación es poco real en el actual
panorama sociológico y político español.
--------------------------------------------------------------------------------------
[1] Los Acuerdos de 1979 fueron refrendados por las Cortes en
octubre de 1979, con 273 votos a favor y ninguno en contra. El rey Juan Carlos
lo ratificaba y firmaba el 4 de diciembre de aquel año, confirmando su rango de
tratado internacional.
[2] Cfr. R.Navarro-Valls, Presentación al libro Acuerdos y
Concordatos entre la Santa Sede y los países americanos (coor. Juan G. Navarro
Floria), EDUCA, Buenos Aires (2011), p. 10; C. Corral,
Acuerdos España Santa Sede (1976-1994).Texto y comentario. Biblioteca de
Autores Cristianos, Madrid (1999), pp. 56ss ;
[3] La Ley 42/2006, de 28 de noviembre, de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2007 recogió ese acuerdo y lo incluyó en la
adicional 18 de esa Ley, BOE de 29 de diciembre de 2006. Corrección de errores
en el BOE, n.51, de 1 de marzo de 2007.
[4] M. Alenda, “El nuevo régimen jurídico-estatal de la
colaboración económica con la Iglesia Católica: luces y sombras en su
constitucionalidad”, en AA.VV, J. Martínez-Torrón, S. Meseguer y R. Palomino,
coordinadores, Religión, matrimonio y derecho ante el S. XXI. Estudios en
homenaje al Profesor Rafael Navarro-Valls, v. 1, Ed. Iustel, Madrid (2013), pp.
1167 y ss. ; M. Gas , “La declaración canónica de idoneidad para la enseñanza
de la religión católica y su control jurisdiccional por parte del Estado” en
Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado (RI
§411957)nº. 29 (Mayo 2012).
[5] Cfr. S/TC 38/2007, de 15-02-2007, S/TC 5/1981, de 13-02-1981, S/TC
24/1982 de 13-05-1982. [6] Tribunal Europeo de Derechos Humanos(Sección
4ª). Caso Alujer Fernández y Caballero García contra España. Decisión de 14
junio 2001 JUR\2004\138645.
No hay comentarios:
Publicar un comentario