Ante el reclamo de información por parte de la fiscalía, la Diócesis de Arecibo solicitó hoy al Tribunal de Primera Instancia de San Juan que determine cómo proceder y tutelar los intereses e intimidad de las víctimas de abuso sexual por parte de sacerdotes que confiaron sus casos a las autoridades eclesiásticas.
El licenciado Frank Torres-Viada, abogado de la Diócesis de Arecibo, explicó que el Obispado se vio en la necesidad de recurrir a los Tribunales para proteger el interés y el reclamo de confidencialidad que la Iglesia garantizó a los querellantes y testigos de sus investigaciones internas, que culminaron con la expulsión de seis sacerdotes en Arecibo, por supuesta pederastia.
Torres-Viada agregó, en un comunicado de prensa, que la información provista la semana pasada por el Obispado es suficiente para que la fiscalía realice su investigación sin necesidad de obligar a la Diócesis a revelar la información que bajo carácter de confidencialidad los querellantes confiaron a la Iglesia.
"Cuando una persona acude a la Iglesia a querellarse contra un sacerdote, lo hace buscando un remedio dentro de la confidencialidad para evitar que se exponga públicamente su identidad y los pormenores de su caso. Para esto, la Iglesia cuenta con cánones y protocolos estrictos, cuyos objetivos primarios son proteger esos reclamos legítimos de confidencialidad. La mayoría de las víctimas no han querido exponer sus casos ante las autoridades estatales. Si la Iglesia incumple los acuerdos de confidencialidad, estaría desalentando a futuros querellantes y violentando sus propios cánones”, explicó Torres Viada.
“Hay que recordar que aquí los querellantes son adultos y presentaron sus denuncias a la Diócesis siendo ya adultos. A pesar de ello, desde su nombramiento, hace tres años, el Obispo Daniel Fernández Torres ha promovido que las víctimas adultas se sientan en la comodidad de querellarse ante las autoridades civiles. Mientras que en el caso de los menores, el Obispado procede a instruir a los padres o tutores de su obligación de presentar la denuncia ante las autoridades estatales. En caso de que estos no lo hagan, la Iglesia presenta la denuncia correspondiente. Además, como parte del proceso, por primera vez se expusieron públicamente los nombres de los sacerdotes expulsados”, añadió Torres-Viada.
Según Torres-Viada, la fiscalía pretende obligar a un Obispo que ha tenido “la valentía” de expulsar a seis sacerdotes en tres años, a violar sus cánones y acuerdos de confidencialidad, sin cuidado ni consideración a las víctimas a quien debería tutelar y proteger".
“Por tratarse de adultos, las víctimas están en la libertad de presentar la querella ante las autoridades civiles. Si éstas optan por no hacerlo, la Diócesis no puede forzarlas ni someter a las autoridades la información recibida bajo confidencialidad. De hacerlo, el Obispo podría enfrentar un conflicto con los cánones eclesiásticos. El Derecho Canónico le impone a éste la responsabilidad de salvaguardar la intimidad de las víctimas adultas que así lo decidan”, puntualizó el abogado.
No hay comentarios:
Publicar un comentario