LERY LAURA PIÑA- EL PAÍS
Magaly Caram, Francisco Álvarez y Carmen
Barroso
SANTO
DOMINGO (R. Dominicana).- La alarmante tasa
de embarazo en adolescentes en República Dominicana, que es uno de los países
con indicadores más altos de América, está vinculada a la falta de prioridad
con que se ha abordado el tema desde las políticas públicas.
Así lo
consideró este jueves Carmen Barroso, directora para occidente de la Federación
Internacional de Planificación de la Familia (IPPF), durante una rueda de
prensa encabezada por esa entidad y Profamilia.
La
gravedad del problema se refleja en los datos oficiales, que hacen referencia a
que el 22.1% de las adolescentes que tienen entre 15 y 19 años han estado
embarazadas en al menos una ocasión.
Barroso
entiende que es “una paradoja” el hecho de que en el Caribe se registren
avances en varios indicadores de desarrollo humano, pero los embarazos a
destiempo son un problema que ha progresado considerablemente en los últimos
años.
La
experta resaltó la necesidad de modificar la voluntad política y priorizar esta
temática. En ese sentido, manifestó su aspiración a que políticas para
implementar la educación sexual sean consideradas como objetivos del milenio a
partir de 2015, año en que los países que conforman Naciones Unidas fijarán las
nuevas metas.
Indicó
que, en parte, la falta de prioridad “reside en la resistencia que ponen
algunas religiones” a reconocer la importancia de los derechos sexuales y
reproductivos y su enseñanza en el ámbito escolar.
Esto se
produce, entiende, por la ignorancia sobre la forma en que se concibe la
educación sexual y al hecho de que muchos religiosos la confundan con un
estímulo para la “práctica sexual indiscriminada”.
“En
primer lugar, no conocen la literatura científica”, dijo. Luego, agrega que
interpretan, erróneamente, que la educación sexual “provoca una iniciación
sexual más temprana”.
Ante
esta situación, consideró que es preciso informar más sobre los efectos
científicos de la educación sexual.
“Resulta
muy escandaloso que en pleno siglo XX continuemos teniendo interferencia
religiosa en estados que son plurales”, dijo.
Por su
parte, la directora de Profamilia, Magaly Caram, manifestó que el
Estado no puede seguir definiendo las políticas públicas en base a la religión,
sino a partir de las destacadas evidencias que arrojan las estadísticas.
Cuestionó
que la jerarquía católica rechace la educación integral en sexualidad, el uso
de anticonceptivos modernos (usados por el 68% de las mujeres) y el aborto por
razones de salud de la mujer o violación.
“Hacia
donde debemos tender es a luchar porque políticamente se dé una separación
entre el rol de la Iglesia y el del Estado”, expresó.
Las
declaraciones se produjeron durante una rueda de prensa llevada a cabo este
jueves para anunciar el inicio de la reunión del consejo regional la Federación
Internacional de Planificación de la Familia (IPPF), que está integrada por 41
organizaciones en todo el hemisferio.
(vía 7dias.com.do)
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