El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya ha suspendido la prohibición del burka en edificios municipales de Lleida, que había decidido el ayuntamiento de aquella capital, del PSC, con el apoyo de CiU y el PP, la abstención de ERC y la oposición de los comunistas. Ha hecho caso del recurso de la asociación musulmana Watani, que sostiene que esta normativa municipal supone "una discriminación por motivos religiosos". Exigiendo que todas las personas "tenemos que ir sin ningún tipo de elemento que nos prohiba la comunciacion", el ayuntamiento de Lleida perseguía la igualdad entre hombres y mujeres. Pilar Rahola califica la decisión de desastre, al sumarla a la alarmante lista de decisiones judiciales que amparan comportamientos islamistas radicales: la reducción por el Supremo de las penas de los miembros de Tabligh, que querían atentar en el metro de Barcelona; y la absolución por la Audiencia de los yihadistas Lopez Royo y Fath Allah Sadaq, que habían inundado internet de cometnarios a favor de la yihad, que contrasta con lo que hubiera pasado si hubieran sido comentarios a favor de ETA. "¿Tenemos leyes -se pregunta Rahola- aún demasiado débiles ante este nuevo fenómeno? En cualquier caso, son pésimas noticias." Por supuesto, la exigencia de tapar integralmente a las mujeres no se vende como terrorismo o segregación o esclavitud sexual, sino como "religión", y así ha sido aceptado por los jueces. Rahola advierte que la retórica radical siempre utiliza la palabra "libertad", pero "se trata de organizaciones estructuradas que intentan trasladar la sociedad del siglo XXI al VIII: un ataque frontal a los principios occidentales. (...) Usan la libertad para intentar destruirla".
(vía
periodistadigital.com)
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