Esa sentencia, de hace poco más de un año, concluyó que la presencia obligatoria de crucifijos en las aulas públicas era contraria al derecho de los padres a educar a sus hijos conforme a sus creencias y al de la libertad de pensamiento de los alumnos.
Después de que el Colegio de cinco jueces de la Gran Sala aceptara la petición del Gobierno italiano de que esa instancia reexaminara el caso, son ahora los 17 magistrados de la Gran Sala quienes tienen la última palabra, que será firme y no aceptará un nuevo recurso.
Los jueces que firmarán la sentencia son los elegidos a título de Francia, Grecia, Reino Unido, Dinamarca, Andorra, Malta, Eslovenia, Croacia, Estonia, Rusia, Noruega, Finlandia, Suiza, Chipre, Irlanda, Bulgaria e Italia, y ninguno de ellos había participado en la anterior sentencia.
La demanda fue presentada en Estrasburgo en julio de 2006 por Soile Lautsi, una ciudadana italiana residente en Abano Terme (a 55 kilómetros de Venecia) con sus dos hijos, que en la época tenían 11 y 13 años y que en el curso 2001-2002 estuvieron matriculados en el instituto público "Vittorino da Feltre" de esa localidad.
Defensora del principio de secularidad, Lautsi había presentado, sin éxito, una reclamación en el centro al comprobar que cada aula exhibía un crucifijo. Posteriormente, llevó su reclamación a las autoridades regionales, que elevaron el caso al Tribunal Constitucional.
En diciembre de 2004, ese tribunal dijo no tener jurisdicción sobre el asunto, pero un tribunal administrativo falló después contra la demandante, al entender que el crucifijo es un símbolo "de la identidad italiana", así como de los principios de igualdad, libertad y tolerancia.
La sentencia de la Sala del Tribunal de Estrasburgo apoyó posteriormente a Lautsi, al afirmar que la presencia del crucifijo en las aulas públicas "podría interpretarse fácilmente por alumnos de todas las edades como un signo religioso", que podría resultar "molesto" para los practicantes de otras religiones o los ateos.
Según el fallo, "el Estado debía abstenerse de imponer creencias, incluso indirectamente, en lugares con personas a su cargo o particularmente vulnerables" y "se debía observar una neutralidad confesional en el contexto de la educación pública".
La Gran Sala celebró el pasado 30 de junio una vista en la que diez Estados apoyaron a Italia, en la que el representante de esas naciones, John Weiler -de confesión judía-, afirmó que el crucifijo es un símbolo tanto nacional como religioso, "respetado también por la población laica".
Los representantes italianos señalaron en esa audiencia que la demandante era una "militante atea" que "busca imponer en la escuela su concepto personal de laicismo", pero la defensa de Lautsi argumentó que la presencia de los crucifijos supone "la tiranía de la mayoría" y una "injerencia estatal en la libertad de pensamiento, conciencia y religión".
(vía abc.es)
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