Lo han conseguido. Lo que parecía un delirio de un alcalde en campaña electoral buscando las caricias del electorado ultra ha contado con el apoyo entusiasta de Esperanza Aguirre (esa singular liberal que nunca apoya un solo ejercicio de libertad ajeno) y finalmente con la Delegada de un Gobierno que no pierde ocasión de mofarse de la palabra socialismo. A esto se añade que una asociación de abogados meapilas y los teócratas de siempre han presentado una querella contra los convocantes de la ya prohibida marcha atea del jueves 21 de abril que incluye la acusación por un delito ¡de genocidio! y una jueza la ha admitido.
Para hacernos una idea del disparate quizás sea bueno recordar que en España está procesado por prevaricación un juez por investigar el genocidio franquista pero nada parece que vaya a suceder a la jueza que abre investigación por genocidio contra los convocantes de una manifestación prohibida pese a ser pacífica. Cabe recordar también que durante los últimos años, por ejemplo, la Delegada del Gobierno (hoy número dos de Tomás Gómez) ha autorizado cuantas manifestaciones fascistas se han convocado. Aquellas ovejas blancas expulsando de una coz a una oveja negra convocaban a una manifestación que no fue prohibida en la que uno de los manifestantes asesinó a Carlos Palomino. En cambio, las manifestaciones de repulsa por el asesinato fueron prohibidas (y duramente reprimidas) por esa misma delegada de ese mismo gobierno.
Los argumentos para prohibir la manifestación atea no pueden ser más ridículos. No sé por qué afirman que puede perjudicar el turismo (¿cuánta gente viajará a ver la burlesca procesión de los borrachos?), pero resulta sorprendente que se ponga el turismo por encima de un derecho fundamental: acabo de escuchar a Zapatero explicando en China que el progreso económico tiene que ir de la mano del respeto a las libertades y derechos fundamentales: que se lo explique a su delegada en Madrid que justifica restricciones a las libertades para defender la industria turística. Se dice que una manifestación atea no debe coincidir con la semana santa, como si las manifestaciones no se hicieran siempre en el momento de más presencia de aquello contra lo que se protesta. Por ejemplo, ¿cuántas de esas marchas islamófobas contra la construcción de tal o cual mezquita han sido prohibidas? Ni una: ni por genocidio, ni nada. Sólo los ateos ven restringida su posibilidad de celebrar paganamente esa primavera apropiada por los cristianos y sus procesiones.
Más allá de la evidente deriva inquisitorial del catolicismo militante y de la complacencia de los supuestos moderados (cuya moderación consiste en estar más cerca de quienes quieren prohibir un derecho fundamental que de quienes quieren ejercerlo), la mera existencia de un delito de ofensa a los sentimientos religiosos supone privilegiar a quienes creen en dioses: mis sentimientos pueden ser ofendidos legalmente; los de una persona religiosa no.
La constitución española afirma en su artículo 21 que cuando se comunique una manifestación a la autoridad, ésta “solo podrá prohibirlas cuando existan razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes“. Haciendo historia no se conoce la ceración de un Ateo Oficio. Las quemas de libros, las hogueras, el paseo de dictadores bajo palio… no es precisamente la tradición de los convocantes de la manifestación prohibida, sino de los cientos de procesiones autorizadas y promovidas por el Estado.
Con todo, casi me escandaliza más que la prohibición de la manifestación y la querella por genocidio el hecho de que no se haya montado un monumental escándalo. ¿Es menos grave una prohibición ideológica del ejercicio de un derecho fundamental que aquel secuestro de El Jueves? No parece. Supongo que es menos espectacular otra prohibición más que el secuestro de una revista satírica, pero la gravedad democrática no es menor.
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