domingo, 10 de febrero de 2013

La falta de regulación deja sin amparo a las víctimas de las estafas de los videntes

PATRICIA GINOVÉS - SANTA CRUZ DE TENERIFE

Las personas que acuden a los videntes y tarotistas se hallan desamparadas, sin apenas leyes a las que acudir en caso de estafa. Según expertos consultados por este diario, el vacío legal dificulta que los posibles delitos puedan ser sancionados puesto que se trata de una práctica que no está regulada y ante la ley, el engaño no es suficiente para que los profesionales de lo paranormal sean procesados.

Hace unos días, una familia de La Guancha denunció a un vidente por presuntamente estafarle 60.000 euros, hechos que este niega. Denuncias como esta ponen de manifiesto la cantidad de gente que acude a servicios de brujería en tiempos de crisis y la gran desprotección con la que se encuentran. Como afirma Ricardo Campo, miembro del Círculo Escéptico (asociación que lucha contra estas estafas) y doctor en Filosofía por la Universidad de La Laguna, la falta de regulación hace que sea imposible no solo acabar con estos timos, sino que se sepa cuántas personas se dedican en la Isla a la videncia, la brujería o la santería.

Cada vez aparecen más asociaciones que tratan de terminar con estas actividades. Su objetivo es buscar nuevas vías para dejar en evidencia a este colectivo de dudosa reputación y sostienen que los comerciantes deberían probar empíricamente que ofrecen un servicio legítimo, lo que supone que serán los videntes y adivinos los que tendrán que demostrar que pueden ver el futuro y no las víctimas las que deban evidenciar que han sido engañadas.

Los expertos alertan de los peligros de estos servicios, anunciados de cualquier forma y que suponen para el cliente desde el desembolso de pequeñas cantidades hasta cuantiosas estafas. Pero la ausencia de normativa hace que los ciudadanos que recurren a estas entidades se encuentren desamparados y no acudan a las autoridades porque se sienten avergonzadas e, incluso, temen ser blanco de alguna maldición.

No es mucho lo que se ha avanzado para subsanar este vacío legal del que se nutren las estafas. Al incluir en cualquier buscador de internet la palabra "vidente" aparecen más de 5.600.000 resultados. Las primeras páginas son anuncios de profesionales de la adivinación que ofertan sus servicios, muchos de ellos con falsos resultados. Según el Código Penal, "incurre en un delito de estafa aquella persona que, con la intención de obtener un beneficio, influye en otra utilizando el engaño haciéndole incurrir en un error que lleva a la víctima a realizar un acto de disposición sobre su patrimonio que le ocasiona un perjuicio económico a sí misma o a un tercero". Esta clase de delitos será sancionado con pena de prisión de 6 meses a 4 años, siempre que la cantidad defraudada supere los 400 euros; si la cifra reclamada es menor solo está tipificado como falta. Así pues, los videntes se cuidan mucho de no superar estas cifras, llevando a cabo fraudes de bajo coste, que giran alrededor de los 200 euros.

Además, la vía penal sólo tiene posibilidades de éxito en casos flagrantes donde el estafador se aprovecha de situaciones personales de gran vulnerabilidad, como depresiones y minusvalías psíquicas, para obtener un beneficio económico. A esto se suma que las costas de un juicio son caras y con ellos sólo se aspira a conseguir que ldevuelvan el dinero y en algunos casos una pequeña indemnización, pero sin ningún otro tipo de castigo.

Las preocupaciones han aumentado como consecuencia de la crisis y los brujos y espiritistas han sabido aprovechar el filón con sus promesas de resolver problemas familiares, dar suerte en los negocios y recuperar el amor perdido.

Melki Llobregat, pastor evangélico de Gran Canaria y colaborador de la Asociación para la Ayuda Integral de la Familia, AGAPE, asegura que, día tras días, es testigo de estos fraudes, puesto que son las personas pertenecientes a familias sin recursos las que más acuden a los brujos. Durante 10 años ha podido observar como aquellos que más problemas tienen para llegar a fin de mes, y que en muchas ocasiones sufren problemas psicológicos, piden consejo a falsos profesionales para solucionar sus problemas. La fe ciega con la que se presentan los clientes se convierte en el sustento de los brujos que, aunque realizan importantes acciones de promoción, saben que éstas son innecesarias, puesto que siempre habrá personas deseperadas que acudan a ellos. Llobregat sostiene que lo necesario es que se realice una campaña de concienciación para así animar a denunciar estas prácticas. "Es necesario que los afectados sepan que no se encuentran solos y se desprendan de la vergüenza que supone acudir a la comisaría para contar que han sido engañados", asegura.

Desde los tribunales se considera que la responsabilidad es de las víctimas y que es difícil probar el delito de estafa. El portavoz de la Unión de Consumidores de Tenerife, Raúl Alonso, declara que, de forma general, los consumidores "no cuentan con ningún derecho" ante estas estafas, ya que el engaño que sufren "no es fácil de demostrar ante la ley". Esto se debe, en primer lugar, a que la adivinación en sí no es objeto de estafa, sino todas las actividades que la rodean, es decir, las largas llamadas telefónicas que tienen que soportar los clientes y las falsas promociones.
Sin embargo, los pocos clientes que se deciden a denunciar no realizan una diferenciación entre ambos hechos y se ven desamparados. Según Alonso, esta situación podría empezar a cambiar si la administración pública actuara, puesto que la comprobación de la legalidad de los centros dedicados a estas creencias sería un importante primer paso para la regularización de la profesión.

Coincidiendo con Alonso, Ricardo Campo, miembro del Círculo Escéptico, afirma que estas actividades no son consideradas estafas, puesto que las personas que acuden a estos servicios son "plenamente conscientes" de lo que pretenden conseguir con ellos y creen que estos profesionales podrán ofrecerles lo que desean. A pesar de ello, se trata de sujetos indefensos que creen que el alto precio de los servicios ofrecidos responden a la calidad de éstos.

(vía laopinion.es)

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