La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) acaba de declarar admisible una demanda contra el Estado de Chile por impedir casarse a tres parejas del mismo sexo. Se trata de la primera iniciativa en su tipo en Latinoamérica y cuya suerte está signada favorablemente por una condena anterior del mismo organismo al país trasandino por discriminar a una madre lesbiana.
La demanda fue presentada por el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), la asociación defensora de las minorías sexuales más antigua de Chile.
La acción se originó después de que en septiembre de 2010, tres parejas del mismo sexo, dos de ellas casadas ya en otros países, intentaron infructuosamente casarse en Chile.
“Nosotros fuimos hace tres años a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para pedirle que realizara una audiencia temática para poder plantearle la indefensión jurídica en la que se encuentran las parejas del mismo sexo en Perú, Bolivia y Chile", explicó a Télam Rolando Jiménez, presidente del Movilh.
El dirigente dijo que "la Comisión estuvo de acuerdo en valorar esa indefensión pero señaló que para hacer una acción había que presentar casos concretos y eso hicimos el año pasado después de agotar todas las instancias locales”.
La presentación se fundamenta en el artículo 102 del Código Civil chileno, que define el matrimonio como “un contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se unen actual e indisolublemente, y por toda la vida"; en el artículo 19 de la Constitución Política, que consagra “la igualdad ante la ley”, y en la Convención Interamericana de Derechos Humanos de la que es signatario el país trasandino.
“El tema entró por la Comisión y ya pasó a la Corte, ahora resta el estudio y el proceso investigativo que puede ser largo, pero tenemos en el fallo por el caso Atala un muy buen argumento, porque allí se sentaron principios importantes respecto a quiénes son familia”, aseguró Jaime Parada, vocero del Movilh.
“Chile tiene una esquizofrenia jurídica, porque anda firmando tratados por allí que luego no tienen eco a nivel nacional, y es un país violador de los derechos humanos", aseguró Elías Jiménez, referente del Movimiento por la Diversidad Sexual (MUMS).
Jiménez dijo que esa violación quedó establecida por la Corte Interamericana "en el caso Atala, donde se le condenó a adoptar medidas jurídicas que, si bien no tienen que ver con el matrimonio, sí hacen referencia al respeto de la diversidad por orientación sexual e identidad de género”.
Conocida como la primera y única jueza chilena asumida públicamente lesbiana, Karen Atala demandó en 2004 al Estado chileno ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por discriminación luego que la Corte Suprema de ese país le negara la tenencia de las tres hijas que había tenido con un hombre, por encontrarse en ese momento conviviendo con una mujer.
En 2010, la Corte Interamericana concluyó que Chile vulneró los derechos de la jueza Karen Atala y recomendó al Estado Chileno “adoptar legislación, políticas públicas, programas y directivas para prohibir y erradicar la discriminación con base en la orientación sexual en todas las esferas del ejercicio del poder público, incluyendo la administración de justicia”.
(vía telam.com.ar)
La demanda fue presentada por el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), la asociación defensora de las minorías sexuales más antigua de Chile.
La acción se originó después de que en septiembre de 2010, tres parejas del mismo sexo, dos de ellas casadas ya en otros países, intentaron infructuosamente casarse en Chile.
“Nosotros fuimos hace tres años a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para pedirle que realizara una audiencia temática para poder plantearle la indefensión jurídica en la que se encuentran las parejas del mismo sexo en Perú, Bolivia y Chile", explicó a Télam Rolando Jiménez, presidente del Movilh.
El dirigente dijo que "la Comisión estuvo de acuerdo en valorar esa indefensión pero señaló que para hacer una acción había que presentar casos concretos y eso hicimos el año pasado después de agotar todas las instancias locales”.
La presentación se fundamenta en el artículo 102 del Código Civil chileno, que define el matrimonio como “un contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se unen actual e indisolublemente, y por toda la vida"; en el artículo 19 de la Constitución Política, que consagra “la igualdad ante la ley”, y en la Convención Interamericana de Derechos Humanos de la que es signatario el país trasandino.
“El tema entró por la Comisión y ya pasó a la Corte, ahora resta el estudio y el proceso investigativo que puede ser largo, pero tenemos en el fallo por el caso Atala un muy buen argumento, porque allí se sentaron principios importantes respecto a quiénes son familia”, aseguró Jaime Parada, vocero del Movilh.
“Chile tiene una esquizofrenia jurídica, porque anda firmando tratados por allí que luego no tienen eco a nivel nacional, y es un país violador de los derechos humanos", aseguró Elías Jiménez, referente del Movimiento por la Diversidad Sexual (MUMS).
Jiménez dijo que esa violación quedó establecida por la Corte Interamericana "en el caso Atala, donde se le condenó a adoptar medidas jurídicas que, si bien no tienen que ver con el matrimonio, sí hacen referencia al respeto de la diversidad por orientación sexual e identidad de género”.
Conocida como la primera y única jueza chilena asumida públicamente lesbiana, Karen Atala demandó en 2004 al Estado chileno ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por discriminación luego que la Corte Suprema de ese país le negara la tenencia de las tres hijas que había tenido con un hombre, por encontrarse en ese momento conviviendo con una mujer.
En 2010, la Corte Interamericana concluyó que Chile vulneró los derechos de la jueza Karen Atala y recomendó al Estado Chileno “adoptar legislación, políticas públicas, programas y directivas para prohibir y erradicar la discriminación con base en la orientación sexual en todas las esferas del ejercicio del poder público, incluyendo la administración de justicia”.
(vía telam.com.ar)
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