sábado, 21 de septiembre de 2013

La religión y el Estado deben mantener su divorcio por el bien común

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Wendy Blanco Donaire

Licenciada en Derecho. Ex directora ejecutiva de la Fundación Niños Sin Fronteras CWB del Proyecto Casa Club de Costa Rica. Colaboradora de MUNDIARIO.

“Aun cuando el sistema político no parezca someterse a la voluntad de Dios, hemos de involucrarnos a fin de obtener justicia para los pobres.”

Arzobispo canadiense, en The Catholic News.

Hoy en día es común escuchar que los líderes religiosos realizan valoraciones sobre el aparato estatal y en algunos casos participaciones claras y definidas a favor (o en contra) de un partido, o una ley.

Ante esto, sin embargo; muchos opinan que la religión no debería mezclarse en estos temas.

¿Por qué? Lejos de pontificar, reflexionemos sobre el asunto.

“La religión es el opio de los pueblos…”, según Marx

Evidentemente, la religión y la política son esferas distintas, mientras a la religión le interesan temas como la espiritualidad del hombre y su relación con Dios, a la política como ciencia le interesa encontrar las maneras de organizar el gobierno que lidera una sociedad. Sin embargo, las religiones en muchos casos se han convertido en símbolos de identidad racial y patriótica, creando así una mezcla explosiva capaz de destrozar nuestro mundo. “La religión es el opio de los pueblos…”, escribió Karl Marx.

En esto, resulta interesante que la misma Biblia revela que, al menos en dos ocasiones, Jesús el líder del cristianismo, rechazó firmemente las propuestas de convertirlo en gobernante, y dejó muy clara su postura diciendo: “Mi reino no es parte de este mundo. Si mi reino fuera parte de este mundo, mis servidores habrían peleado para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero, como es el caso, mi reino no es de esta fuente” (Juan 18:36). No había duda, Jesús no iba a involucrarse en el sistema político y militar de su tiempo. Sus discípulos siguieron ese mismo modelo. ¿Qué pasa entonces con las religiones actuales?

La visión de Maquiavelo

En el año 1532, Nicolás Maquiavelo, en su obra El Príncipe, explica que “el poder político no viene de Dios, sino de la sociedad, es decir de la gente”, cediéndole la autoridad al poder político, por encima de la religión, razón por la cual, dicho sea de paso, fue excomulgado.

Fue con la Revolución Francesa cuando se instaura por primera vez el Estado laico y democrático; un Estado separado de la iglesia, marcando un precedente sin igual, dándole la posición que corresponde a cada elemento.

Sin embargo, esta separación aún no se ha dado a cabalidad. Actualmente, en países como Irán, por ejemplo, el Corán es la ley y los ayatolas son las principales autoridades.

En Francia, debido a la intensa inmigración musulmana a ese país, las leyes del Corán están haciendo presión en su política interna. En Israel, aunque es el único régimen democrático-liberal en el Oriente Medio, el vínculo con la religión judía es más que notorio, ya que, por ejemplo, muchos de los miembros del Parlamento son de partidos religiosos, que imponen la aplicación del Pentateuco.

Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios

Definitivamente, no se pueden transformar en ley los principios morales propios de un grupo religioso, ni puede la política justificar sus decisiones en lo que dice la religión; ambas son ramas diferentes, no deberían mezclarse ni confundirse, o se adhiere a uno o al otro, no siempre se puede a los dos.

Temas como la unión del mismo sexo, por ejemplo, ha sido objeto de debate en los Estados, no porque se dude de los derechos que tienen los individuos que cohabitan como pareja, sino por la crítica religiosa, ya que las personas creen que por ser religiosamente impropio; legal y políticamente también debería serlo.

Si hay personas que profesan una fe en la que se condena la homosexualidad, lo más lógico es que no sean homosexuales, pero bajo el amparo de la igualdad y el principio de no discriminación, el Estado deberá crear todas las condiciones para que estos individuos tengan los mismos derechos patrimoniales que tiene las demás personas. Así, si el legislador profesa una religión, jamás debería condicionar una norma a su creencias religiosas, pues estaría alejado de toda objetividad, de la aplicación justa y correcta de la ley, y obviando las ciencias que estudió por años.

Hay que distinguir bien entre las convicciones, y lo que legal o políticamente corresponde. La religión corresponde a la esfera privada, la política al ámbito público, mezclarlas ambas es imposible, pero forzarlas a que sigan casadas es todo un problema.

La solución, un Estado laico

Tal vez la mejor alternativa todos estos problemas es un Estado laico:

> Un Estado laico donde todos los ciudadanos sean tratados bajo el principio de igualdad, independientemente de su creencia o religión, y donde todos sean libres de ejercerla, sin que esto afecte su esfera jurídica o política.

> Un Estado laico, donde los dirigentes puedan ejercer la política de acuerdo a su ciencia y no a los decálogos de una religión determinada.

> Un Estado laico que no discrimine, que no tenga preferencias sobre alguna confesión determinada al que todos los ciudadanos deba subsidiarla aunque no la profesen.

Muchos han seguido esta línea y no les ha ido mal. Por ejemplo, Uruguay, desde hace más de 100 años. Respeta a la Iglesia católica pero se le da el trato idéntico a las demás religiones, no se subvenciona a ninguna iglesia pues todas deberán costearse su funcionamiento, no se enseña religión en las escuelas, pero existe total libertad de culto, no hay religiosas atendiendo en los hospitales, solo personal capacitado, y se les respeta la libertad de opinión a los religiosos, pero como a cualquiera.

Como explica el filósofo Henri Peña-Ruiz, la laicidad permite “restituirle a la vida religiosa y espiritual su plena libertad, a la vez que libera -al Estado- de cualquier limitante que iría en contradicción con su vocación universal".

La vocación del Estado es la organización de la sociedad; la de la religión, el individuo con Dios.

(vía mundiario.com)

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