Lo hizo el presidente de la Legislatura. Fue tras el dictamen del fiscal General que pidió que el Estado deje de pagarle a una persona para hacer asesoría espiritual dentro de Casa de Gobierno y que se deje sin efecto la Pastoral de Empleados Públicos.
La polémica iniciada por el dictamen de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) que ratifica la neutralidad religiosa del Estado, sigue generando repercusiones. Esta vez, el presidente de la Cámara de Diputados, Juan José Bergia, presentó un proyecto de resolución solicitando al cuerpo legislativo que rechace el dictamen elaborado por el fiscal General, Héctor Miró, a quien acusó de hacer un análisis parcial de la tarea que hace la Pastoral Social de Empleados Públicos, sobre quien Miró pidió que se deje sin efecto.
El proyecto de resolución es el número 2108/2011 y fue presentado por Bergia este lunes, según se lee en la página oficial de la Legislatura del Chaco. En la misma se pide a la cuerpo legislativo el aval para expresar “rechazo al dictamen emitido por el titular de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, Dr. Héctor Miro, por el cual solicita se deje sin efecto la Pastoral de Empleados Públicos que funciona en Casa de Gobierno”.
Entre sus fundamentos, Bergia señala que motivó su presentación “la reciente suscripción de un dictamen por parte de Señor fiscal de investigaciones administrativas, Dr. Héctor Miro, en el que se plantea la necesidad del cese al funcionamiento de la denominada Pastoral de Empleados Públicos que funciona en Casa de Gobierno”.
“En este sentido, resulta al menos apresurado expresar en forma tan contundente que deba dejarse sin efecto tan importante labor, toda vez que el articulo 16 de la Constitución Provincial establece que es inviolable el derecho que toda persona tiene de profesar su religión y ejercer su culto libre y públicamente, según los dictados de su conciencia y sin más limitaciones que las impuesta por la moral y el orden publico”, señala.
Y añade que, “si bien en la parte final de citado articulo, al que apela el Sr. Fiscal de investigaciones para basar su dictamen, se establece que la provincia no protege religión ni culto alguno, ni contribuye a su sostenimiento, difícilmente pueda interpretarse que a las personas involucradas en dicha actividad se les paga en virtud de un contrato celebrado para profesar su religión”.
CONFUSIONES
“Por otra parte, podría estar incurriendo en una confusión el Sr. Fiscal, al decir que: ‘el Estado debe respetar todas las religiones y los cultos, pero no sostenerlos’, ya que de ninguna manera el Estado sostiene a la Pastoral, solo la reconoce; y tampoco ‘sostiene’ el Estado al señor García (en referencia a Pedro, contratado de obra del Gobierno y coordinador de la Pastoral) para que evangelice, ya que según informe del Subsecretario de Cultos, este sería contratado de dicha subsecretaria sin que su actividad religiosa interrumpa o interfiera con labor para la que se lo contrató”.
Asimismo, señala, “no pueden realizarse interpretaciones parciales y sesgadas de nuestra Carta Magna, sino que debe hacerse en su conjunto y en forma armónica, debiendo por ello citarse por ejemplo el primer párrafo del articulo 18 de la Constitución Provincial que establece que es libre la emisión del pensamiento por cualquier medio, y el Estado en ningún caso, podrá dictar medidas restrictivas”. Así las cosas, Bergia señaló que “teniendo en cuenta esto, es que manifiesto mi rechazo a las expresiones del señor Fiscal, reafirmando que no existe motivo alguno para dejar sin efecto el reconocimiento a la existencia y actividades de la Pastoral”.
Cabe recordar que el 3 de mayo último, el fiscal General emitió un dictamen iniciado de oficio en el cual solicita que se deje sin efecto a la Pastoral de Empleados Públicos, que profesa la religión católica, por considerar que viola la neutralidad religiosa ante el Estado. El mismo ratifica además que de acuerdo a la Constitución del Chaco, el Gobierno no protege culto alguno ni contribuye a su funcionamiento.
Fundamentó su actuación en que la remuneración que recibe mensualmente el coordinador de la Pastoral, Pedro Luis García -quien cobra un salario aparentemente para dedicarse a una suerte de asesoría espiritual dentro del Gobierno- es de por sí una muestra clara de la tendencia estatal a sostener económicamente este tipo de actividad religiosa. Además, Miró criticó que se realicen misas o actividades de tinte religioso dentro de los edificios gubernamentales. “La Casa de Gobierno es un lugar de trabajo; no un lugar religioso”, dijo en declaraciones a RADIO CIUDAD.
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