El Estado laico

Víctor Orozco

En este mes se cumplieron ciento cincuenta y un años desde que el presidente Benito Juárez expidió en Veracruz la Ley de Libertad de Cultos, última del extraordinario ordenamiento jurídico-político conocido como Leyes de Reforma. La Constitución de 1857 no establecía como única y obligatoria a la religión católica, a diferencia de todos los textos constitucionales que le precedieron, pero tampoco incluyó la libertad de conciencia en el catálogo de derechos individuales. Sobre este punto era muda, porque en el congreso que la expidió, mayoritariamente integrado por liberales moderados, ante el peligro de que se inscribiera la cláusula de la intolerancia religiosa, los radicales o puros decidieron retirar la moción para establecer la plena libertad de creencias en nuestro país. La campaña nacional e internacional contra la revolución mexicana iniciada en Ayutla, había alcanzado uno de sus propósitos. Sin embargo, en diciembre de 1860, las tropas liberales por fin se habían impuesto al ejército profesional y habían ganado la guerra que asoló a México desde que el clero y el ejército dieron el golpe de estado de Tacubaya justamente tres años antes, para invalidar la Carta Magna promulgada el 5 de febrero de 1857 siguiendo las directrices del Papa Pío IX, quien la había declarado írrita, sin ningún valor.

Un mes antes de que Jesús González Ortega entrara triunfante a la ciudad de México y disolviera el antiguo ejército, el gobierno republicano decidió coronar la obra que nos constituyó en nación y en Estado, expidiendo el decreto de marras. México se colocaba con esta ley en la vanguardia de las naciones, por delante incluso de Francia, cuya gran revolución de 1789 era tenida como símbolo de las libertades y de los derechos humanos, pero que había retrocedido y a la sazón aún no estatuía la separación entre la iglesia y el Estado. No se diga de España, los estados italianos y el resto de las repúblicas iberoamericanas. El precepto legal decía: “Las leyes protegen el ejercicio del culto católico y de los demás que se establezcan en el país como la expresión y efecto de la libertad religiosa, que siendo un derecho natural del hombre, no tiene ni puede tener más límites que el derecho de tercero y las exigencias del orden público. En todo lo demás, la independencia entre el Estado por una parte y las creencias y prácticas religiosas por otra, es y será perfecta e inviolable…”. Una redacción sencilla, que resolvió de un tajo el añejo problema representado por la preeminencia de la iglesia católica y el yugo sobre las conciencias, al impedirse a los individuos pensar con libertad. Representó un hito fundamental en el largo y escabroso tránsito de la condición de súbditos, sumisos, obedientes de reyes y dignatarios, ayunos en el ejercicio de la razón, a la de ciudadanos con derechos, capaces de discurrir por cuenta propia y de sacudirse las enajenaciones y las supersticiones.

El clero perdió una batalla, pero no la guerra. Durante un buen tiempo siguió manteniendo la intolerancia religiosa en todos los países donde fue posible hacerlo. Para México, una larga noche había terminado, para la mayoría de los pueblos iberoamericanos, la oscuridad continuaría e incluso en algunos como Ecuador, víctima de una dictadura teocrática, durante esta década se haría tan negra como en las épocas de la colonia. “Prometo y juro que esta fe que sigo y cuya profesión voluntaria hago en este momento, es la verdadera fe católica, fuera de la cual no hay salvación, que la conservaré y profesaré constantemente con la ayuda de Dios hasta el último momento de mi vida y que obligaré en lo que yo pueda a los que dependen de mí o dependieran por razón de mi ministerio a que la guarden, enseñen y prediquen…” Así rezaba una parte del largo juramento que debían hacer los maestros de todas las escuelas en aquel país, aberración de la cual nos habíamos librado los mexicanos a duras penas.
Paradójicamente, los fundamentalistas de nuestro tiempo, de distintas confesiones y de manera principal los dirigentes del clero católico, se cubren con el manto de la libertad religiosa a la cual combatieron con todas sus fuerzas y recursos, incluyendo las guerras civiles, ¡Para reclamar su instauración Por tal, pretenden hacer pasar la legitimación de sus intromisiones en la vida política, presionando a los creyentes en favor de partidos u opciones de tendencia confesional. “Falta libertad religiosa para que los clérigos podamos emitir criterios éticos sobre candidatos, partidos o asociaciones políticas. Por ejemplo, si decimos que un católico no puede apoyar con su voto a quienes alientan el aborto, promueven liberalizar las drogas, u homologar con el matrimonio la unión entre homosexuales”, como escribía hace poco el obispo de San Cristóbal de las Casas. Recogiendo una sabia lección, hace tiempo escribí que el cristiano es titular de dos derechos: uno frente al Estado para que éste respete su opción religiosa y otro frente a la iglesia para que ésta respete su opción política. Como se advierte, estos clérigos reconocen el primero, pero se empeñan en violentar el segundo. El antiguo designio permanece: subyugar a las instituciones públicas, sobre todo las educativas y hacer de la jerarquía eclesiástica el principal árbitro de la nación, convirtiendo a la ley civil en un derivado de concepciones sectarias, usadas para mantener el poder de la organización clerical.

Todo esto pasa por la supresión gradual del Estado laico y de sus pilares centrales, como es la responsabilidad de los funcionarios públicos ante el pueblo. Una vez adoptado el criterio religioso como guía de su actuación, han de rendir cuentas sólo a dios, vale decir a quienes leen o interpretan sus dictados. Hace un par de días, por ejemplo, escuché al presidente municipal de Juárez comunicar muy orondo que su compromiso es únicamente con Dios. ¿Y si éste le ordenara arrasar la ciudad para exterminar a todos los pecadores, a la manera de Sodoma y Gomorra?, ¿O igual, le ordena exentar del pago del impuesto predial a las iglesias u obsequiarles parte del patrimonio municipal? Los terrenales individuos a quienes presuntamente representa ¿cómo sabremos de sus comunicaciones con la divinidad y de la manera en que nos afectan a los gobernados? ¿Hemos regresado a los tiempos de los monarcas obedientes sólo a Dios? Tales barbaridades y burlas a la ley, se hacen posibles cuando la ética política, las virtudes ciudadanas, la honestidad en el ejercicio de las funciones públicas, el respeto a la vida y a los derechos humanos, son sustituidos por el dogmatismo y las verdades axiomáticas que dicen poseer los ministros, curas y pastores o bien por la demagogia ramplona, usada por aquellos políticos que fingiéndose servidores de Dios, se aprovechan de la credulidad de los votantes.Mé

xico necesita con urgencia, cómo otras naciones latinoamericanas, un movimiento ciudadano que haga respetar la separación entre el Estado y las iglesias, entre la religión y la política. Hasta ahora, no se conoce mejor manera de construir la paz social y de garantizar la convivencia entre los individuos que preservar el laicismo en la enseñanza y en la actuación de los gobiernos. No regresemos a los tiempos del oprobio.

(vía diario.com.mx)