Jesusa Cervantes
Distrito Federal— El 16 de diciembre de 2009 Enrique Peña Nieto entabló relaciones personales con el jerarca del Vaticano cuando Benedicto XVI lo recibió con su entonces novia La Gaviota. Dos años después el político mexiquense operó para la Iglesia Católica al imponer en la Cámara de Diputados cambios constitucionales que permiten celebrar “individual o colectivamente” y “en público o en privado” ceremonias de culto.
Articulados, Iglesia y Poder Legislativo lograron la noche del jueves 15 –mediante un cuestionado proceso legislativo y votos divididos en las bancadas del PRI, del PRD y hasta del PAN– el reconocimiento constitucional a la “libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión” y el permiso para los actos “de culto, ceremonias o devociones” en privado y en público.
Las pretensiones originales del grupo parlamentario priísta eran mayores: que las iglesias ya no se sujetaran a las reglas de la Secretaría de Gobernación y pudieran reclamar enseñanza en escuelas públicas y futuras concesiones del espectro radioeléctrico.
Durante la discusión, el petista Jaime Cárdenas señaló a Peña Nieto como el promotor de los cambios, en tanto que el priísta oaxaqueño Héctor Pablo Ramírez Puga deslizó que la razón obedecía a la anunciada visita del Papa a México.
“Con esto, Enrique Peña Nieto hace un guiño a la Iglesia para lograr su apoyo, así como recibir al Papa en su próxima visita con reglas más laxas para la Iglesia”, dijo Cárdenas a este semanario.
Proceso consultó a diversos legisladores, quienes revelaron que la desaprobación por parte de los priístas ocurrió en ambas cámaras y que incluso el nuevo presidente nacional del PRI, Pedro Joaquín Coldwell, tuvo que operar para evitar “una rebelión”.
Por ejemplo, en el Senado, cuando el PRI celebraba su plenaria previa a la sesión, una legisladora reclamó: “Estamos enterados que es una solicitud de apoyo expreso de Enrique Peña Nieto para que se apruebe”. En tanto, en San Lázaro las bancadas priístas de Oaxaca, Tabasco y Nuevo León manifestaban su malestar por el regreso de privilegios a la Iglesia.
En su vista al Vaticano en 2009 Peña Nieto le ofreció a Benedicto XVI sus buenos oficios para reformar el artículo 24 constitucional. La respuesta del Papa fue que, en efecto, el tema de la “libertad religosa forma parte de la agenda pendiente” de la Iglesia.
A lo largo de 2010 Peña Nieto se reunió en dos ocasiones con el nuncio apostólico, el presidente de la Comisión del Episcopado Mexicano, Carlos Aguiar Retes y el arzobispo primado de México, Norberto Rivera, y les aseguró que sí saldría la reforma... pero pasaron los meses y nada, por lo que los jerarcas buscaron a Josefina Vázquez Mota para operar los cambios.
Lo anterior forma parte de la versión de uno de los seglares más cercanos a la jerarquía de Iglesia Católica en México.
Según la misma fuente, que dada su posición delicada solicitó el anonimato, el paso que obligó a Peña Nieto a impulsar la reforma fue que los jerarcas católicos le enviaron un mensaje diciendo que sería Vázquez Mota quien operaría la reforma; Peña Nieto se comunicó con Chuayffet para que éste forzara una sesión extraordinaria de la Comisión de Puntos Constitucionales y se sacara de la congeladora la iniciativa que se presentó el 20 de marzo de 2010.
Así, sorpresivamente PRI y PAN promovieron la reunión extraordinaria para el miércoles 14, relatan las fuentes consultadas.
El martes 13, cinco secretarios solicitaron al presidente de la Comisión, el perredista Juventino Castro y Castro, una reunión extraordinaria para el siguiente día a fin de aprobar el dictamen.
Castro les explicó que legalmente estaba impedido, pues el reglamento de la Cámara exige convocar con 24 horas de antelación, además de que dicha solicitud la tenían que hacer por lo menos seis secretarios y no cinco.
El hecho no les importó a priístas y panistas, quienes con 19 asistentes y sin el aviso a los legisladores de PRD y PT realizaron el encuentro y aprobaron los cambios constitucionales que se sometieron al pleno el jueves 15.
La citada operación fue solicitada por Peña Nieto y sus seguidores. El diputado perredista y secretario de la Comisión, Nazario Norberto, dice a Proceso que fue el propio presidente de la Mesa Directiva, Emilio Chuayffet, quien les dijo a los priístas que realizaran la reunión, calificada por la oposición como “ilegal”.
Los operadores de Peña Nieto en San Lázaro mantuvieron en secreto sus pretensiones hasta el último momento. El miércoles 14, cuando aún no se reunía la Comisión de Puntos Constitucionales para aprobar el dictamen, desde la Cámara de Diputados salió una llamada al Senado para solicitar ayuda y avalar los cambios que se aprobarían en el pleno el día siguiente.
La respuesta de los senadores a esa llamada fue que en todo caso el tema se discutiría en febrero, cuando el Senado reiniciará sus trabajos legislativos. La mañana del jueves 15, cuando el escándalo generado por el contenido de la pretendida reforma ya estaba en los medios, la alerta llegó al Senado, que realizaba su plenaria previa a la última sesión.
Los senadores reclamaron una explicación por la información difundida en los medios, toda vez que las nuevas facultades otorgadas a la Iglesia la libraban de solicitar permisos a la Secretaría de Gobernación, la encargada de aplicar la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público. Y es que en el dictamen se “abrogaba” el tercer párrafo, que la obligaba a ello.
Pedro Joaquín tuvo que asistir a la reunión para calmar los ánimos de los senadores, quienes le reclamaron que ese partido estuviera “siendo tan obsequioso con el clero, aún más que los propios panistas”.
A esa hora en la Cámara de Diputados los legisladores priístas de Oaxaca, Tabasco y Nuevo León ya habían manifestado al coordinador su preocupación por el contenido.
“Lo que está sucediendo allá –le dijo un senador al presidente del PRI– es que estamos enterados que se trata de una solicitud de apoyo expreso de Peña Nieto para que se apruebe”. Joaquín escuchó en silencio los reclamos y las aseveraciones sin desmentir nada.
Cambio acotado
Dos elementos ayudaron a crispar los ánimos de los opositores de la reforma: uno, el día anterior el sacerdote católico José de Jesús Aguilar Valdés acudió a la Cámara de Diputados, un edificio público, para realizar un acto de culto: “bendecir” la sala de prensa. La ceremonia fue promovida por 31 reporteros de la fuente y de ella tuvo conocimiento en todo momento Emilio Chuayffet.
El segundo tema que se cruzaba y contaminaba la discusión y aprobación de la reforma era la designación del nuevo presidente de la Mesa Directiva, el perredista Guadalupe Acosta Naranjo, quien sustituirá a Chuayffet.
En medio de estos dos acontecimientos, del reclamo por el “ilegal” proceso de aprobación en comisiones del dictamen del 24 constitucional, algunos legisladores del PRD y los del PT tomaron la tribuna en dos ocasiones para evitar la aprobación. Además una fracción del PRI se negaba a “traicionar” el espíritu de las leyes de reforma, que separaron a Estado e Iglesia.
Para evitar la rebelión priísta, Pedro Joaquín tuvo que aceptar una negociación y “conciliar una versión final que dejara en claro que se trata de una redacción totalmente distinta a la presentada”, revelaron las fuentes consultadas.
El dictamen de la Comisión derogaba la obligación de sujetarse a la Ley de Asociaciones Religiosas. El primer párrafo, rezaba: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de conciencia y de religión, y a tener o adoptar, en su caso, la de su agrado. Esta libertad incluye el derecho de practicar, individual o colectivamente, tanto en público como en privado, las ceremonias, devociones o actos del culto respectivo, siempre que no constituyan un delito o falta penados por la ley. Nadie podrá utilizar los actos públicos de expresión de esta libertad con fines políticos, de proselitismo o de propaganda política”.
Diversos legisladores que pidieron el anonimato aseguran que la coordinación del PRI presionó a los perredistas con impedir la llegada de Guadalupe Acosta a la Presidencia de la Mesa Directiva si mantenían su oposición.
Finalmente los perredistas de la corriente de Acosta , Los Chuchos, aceptaron y votaron a favor. El PRD se partió en tres: Los Chuchos (20) votaron a favor, los lopezobradoristas (22) en contra y 25 más prefirieron ausentarse.
Aún quedaba la rebelión del PRI, por lo que Joaquín dio la orden para que se modificara el dictamen. El encargado de deshacer el entuerto fue Felipe Solís Acero, quien incluyó la fracción derogada que obliga a las iglesias a sujetarse a la Ley de Asociaciones Religiosas.
A pesar de los cambios y pese a la operación de Peña Nieto hubo 17 votos del PRI en contra –de los oaxaqueños y tabasqueños–, 102 a favor y 115 prefirieron ausentarse y no votar, entre ellos Alfonso Navarrete Prida y Sebastián Lerdo de Tejada.
Varios legisladores consideraron que las pretensiones de Peña Nieto de ofrecerle todo a la Iglesia en busca de su respaldo político no se pudieron lograr. “Habrá que ver si lo aprobado les gusta a los jerarcas”, comentó uno de ellos.
La cercanía que inició Peña Nieto en diciembre de 2009 con Benedicto XVI estuvo en todo momento respaldada por el presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, Carlos Aguiar Retes, quien lo acompañó al Vaticano el 16 de diciembre de ese año. La relación entre el Papa y Peña Nieto rindió frutos, pues de manera “personal” el Vaticano lo invitó para que asistiera el 1 de mayo de 2010 a la beatificación de Juan Pablo II, invitación que el mexiquense declinó.
(vía diario.com.mx)
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