Elena Valenciano, Rubalcaba y Griñán cantan la Internacional al finalizar el congreso socialista en Sevilla.
En el programa electoral del PSOE no había ni una línea sobre la revisión del acuerdo con la Santa Sede.
La propuesta de revisar el acuerdo del Estado español con la Santa Sede ha recibido la ovación más atronadora del 38 Congreso Federal del PSOE. No quiero ser injusta, pero yo diría que incluso mayor que la elección del nuevo secretario general. Alfredo Pérez Rubalcaba (también Carme Chacón aunque fue menos precisa) se metió el sábado el auditorio en el bolsillo cuando anunció que si el Gobierno del PP había decidido recuperar sus creencias de hace 30 años (restauración de la ley del aborto de los ochenta, receta para la píldora del día después, eliminación de Educación para la Ciudadanía...), los socialistas también tendrían que replantearse "seriamente" volver a sus orígenes.
Lo confieso, no pude evitar sonreír. No me entiendan mal. Me parece más que necesario dotar de una mayor laicidad el escenario público porque siempre he entendido que la religión forma parte de la vida privada de cada persona. Nunca he entendido que un político elegido por sus conciudadanos, jure su cargo con la mano sobre la Biblia en detrimento de la Carta Magna (de obligado cumplimientos para todos los españoles). Viva la soberanía popular. Y no lo digo yo. Lo dice nuestra Constitución (artículo 16.3: "Ninguna confesión tendrá carácter estatal").
Sonreí porque en el programa electoral del PSOE para las elecciones del pasado 20 de noviembre no había ni una línea sobre este tema pese a que el debate estaba vivo entre la militancia (la asamblea de San Jerónimo de Sevilla incluyó entre sus 16 enmiendas la denuncia del "Concordato con la Santa Sede de 1979 y la equiparación fiscal de todas las confesiones religiosas"). Sonreí porque el PSOE ha gobernado los últimos siete años y no ha habido un avance en esta materia a pesar de que se anunció en multitud de ocasiones una Ley de Libertad Religiosa. Sonreí porque la última actualización del Concordato entre la Santa Sede y España la firmó José Luis Rodríguez Zapatero, el mismo presidente al que los obispos le organizaron dos manifestaciones por equiparar los derechos de todos los españoles (matrimonio homosexual). Sonreí por la facilidad que tienen los políticos para decir una cosa y hacer lo contraria sin inmutarse. Sonreí porque pensé que Alfredo Pérez Rubalcaba y Carme Chacón habían venido a mencionar la soga en casa del ahorcado. Porque si hay una ciudad donde los límites de la religión están más desdibujados esa es Sevilla.
La Semana Santa, el Corpus Christi, el Rocío, la procesión de la Virgen de los Reyes... todas son ceremonias religiosas en la que iglesia y poder político se unen y se confunden. Una confusión que en los últimos tiempos se produce con cierta asiduidad. Juan Ignacio Zoido dejó las cosas muy claras el día de que tomó posesión de su cargo como alcalde de Sevilla: gobernaría la ciudad con la Constitución y la Biblia en la mano (no conviene olvidar que muchas de los cosas que dice la Biblia son anticonstitucionales en España). Tan sólo un par de meses después acudió a la Jornada Mundial de la Juventud "en representación de todos los sevillanos". Y hace apenas unos días, el Ayuntamiento retiró a la actriz Pilar Bardem el nombre de la calle que tenía en el Tiro de Línea para sustituirla por Nuestra Señora de las Mercedes. Insisto, las creencias religiosas de Juan Ignacio Zoido, Alfredo Pérez Rubalcaba o Mariano Rajoy, sean cuales sean, con legítimas. En este país nadie te impide acudir a misa cada domingo, pero tampoco te puede obligar a asistir.
El problema es cuando el credo de un presidente del Gobierno o de un alcalde es el que marca las leyes en un país democrático. Aquí nos parece censurable que una chica asista a clase con el velo islámico, pero nos resulta una aberración que se retiren los crucifijos de las aulas. Y es que en España la religión, como casi todo, se ha convertido en un arma electoral. La laicidad no es anticlericalismo. El laicismo lo único que persigue es la independencia de la sociedad, y en particular del Estado, respecto de cualquier organización o confesión religiosa. En Francia, por ejemplo, el presidente de la República no asiste a ningún acto religioso en calidad de jefe del Estado. Y no pasa nada. Lo que hay que hacer con este y otros asuntos delicados es explicarlos bien y no buscar la confrontración.
Hoy la modificación del actual Concordato entre el Estado y el Vaticano implicaría cambios legislativos desde el punto de vista económico (la casilla del IRPF para la Iglesia), jurídico y educativo (la contratación de profesores de Religión e incluso la eliminación o rediseño de la materia). Lo que esta reforma no impediría es que los creyentes siguieran contribuyendo económica con la Iglesia ni conocer la Biblia, pero entonces para ello habría que ir a la Iglesia.
(vía elcorreoweb.es)
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