jueves, 14 de febrero de 2013

Lucecita, otra víctima de la religión estatal

por Argelia Tejada Yangüela

La Colectiva Mujer y Salud nos ha dado a conocer el caso de Lucecita, la niña de 11 años de San Cristóbal, violada y embarazada, cuya vida peligra. Espero que los Congresistas que en septiembre del 2009 votaron para criminalizar el aborto de manera absoluta, hoy reconsideren dar marcha atrás a una legislación que solamente podemos clasificar de oportunista, inmoral, y criminal.

Es difícil imaginar la crueldad que requiere castigar a una niña obligándola a llevar a cabo un embarazo producto de una violación. Esa niña ha sufrió un trauma horrendo. Pero además, ninguna menor y particularmente niñas de 10, 11 o 12 años están física ni mentalmente preparadas para estar embarazadas. Científicos de la salud, como Sherry Thomas, ginecólogo-obstetra de California, explican las razones:

“La placenta preferencialmente se nutrirá de la madre, que es realmente una niña”. Esto significa que el feto que crece en su interior la despojará de calcio y nutrientes a una edad en que ella debe de crecer. Pero además, el embarazo afecta al sistema cardiovascular, por lo que las embarazadas tienen 50% más sangre circulando por sus cuerpos que las mujeres no embarazadas. Otras fuentes consultadas se refieren al hecho que el crecimiento no solamente afecta su estatura, pero a sus órganos internos.

Según los científicos entrevistados por Life Science, el mayor daño ocurrirá en el piso de la pelvis, el cual no se desarrollará hasta el final de sus años de adolescente; lo que significa que las adolescentes no pueden pujar para que los bebés nazcan por el canal de nacimiento. De hacerlo, los resultados son horrendos. Wall y Thomas, que han observado esos nacimientos en África, describen como el parto dura días y muchas niñas mueren y también sus bebés. Las que sobreviven desarrollan fístulas que forman hoyos por donde heces y orina salen por la vagina, convirtiéndolas en parias socialmente aisladas.[i]

Estos hechos, deben de convencer a políticos católicos de su error. No puede ser un acto de Dios permitir tanta maldad hacia una niña inocente. Y yo también les recuerdo, que la misma iglesia que impone esta crueldad, no tuvo ninguna compasión con los niños y niñas que estaban bajo su cuidado, desprotegiéndolos, y mandándolos a guardar silencio bajo pena de excomunión. También quiero recordarles, que fueron electos para regirse por la Constitución, no por decretos del Vaticano.

La Constitución del 2010 en su artículo 42 sobre el derecho a la integridad personal, declara: “Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica, moral y a vivir sin violencia. Tendrá la protección del Estado en casos de amenaza, riesgo o violación de las mismas. En consecuencia:

Ninguna persona puede ser sometida a penas, torturas o procedimientos vejatorios que impliquen la pérdida o disminución de su salud, o de su integridad física o psíquica;

Se condena la violencia intrafamiliar y de género en cualquiera de sus formas. El Estado garantizará mediante ley la adopción de medidas necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer;

Nadie puede ser sometido, sin consentimiento previo, a experimentos y procedimientos que no se ajusten a las normas científicas y bioéticas internacionalmente reconocidas. Tampoco a exámenes o procedimientos médicos, excepto cuando se encuentre en peligro su vida”.

Obligar a una niña violada de 11 años a parir el hijo del pederasta es contrario a la Constitución por varias razones:

Primero, la niña está siendo sometida a sufrimientos, torturas, y un procedimiento vejatorio contra su cuerpo y su dignidad que implica la pérdida de su salud física para el resto de su vida, y efectos psicológicos cuyas consecuencias también la marcarán en el futuro.

Segundo, el Estado Dominicano, en vez de adoptar medidas para condenar la violencia intrafamiliar y de género, hace lo opuesto, al victimizar a una menor negándole la capacidad de decidir sobre su cuerpo ya violado, y a una tierna edad, que le impide asumir las responsabilidades que implican la crianza de un ser humano. A los 11 años de edad, la niña está económicamente, físicamente, y psicológicamente incapacitada para asumir las responsabilidades que el gobierno le impone. Este es un acto de injusticia que debemos llevar a los tribunales y de ser necesario, a cortes internacionales, porque está en juego la vida misma de niñas violadas o que estatutariamente no pueden consentir a relaciones sexuales con adultos.

Tercero, la Constitución garantiza el derecho de no ser sometidas sin consentimiento previo, “a experimentos y procedimientos que no se ajusten a las normas científicas y bioéticas internacionalmente reconocidas.” Obligar a llevar a término un embarazo producto de una violación a una menor de 11 años es una violación de las normas científicas y de la ética internacional.

Cuarto, el Estado niega en las escuelas públicas la educación de niñas, niños y adolescentes sobre su sexualidad, mientras financia a la Jerarquía Católica para que adoctrine e imponga sus preceptos en los planteles públicos. Esta práctica evita que los niños más vulnerables sean protegidos del llamado “bullying” en las escuelas, provocada por burlas a niños con manifestaciones de homosexualidad que ha llevado a muchos al suicidio. Al mismo tiempo reduce la dignidad de las niñas a su dimensión biológica y les niega el conocimiento científico sobre su sexualidad. Su ignorancia sexual las lleva a embarazos no deseados y a abortos inseguros, que ponen en riesgo su salud y sus vidas.

El aborto es un serio problema de salud pública en República dominicana. Afecta especialmente a las mujeres de bajos ingresos que no pueden darse el lujo de viajar a otras islas Caribeñas o a los Estados Unidos donde el aborto es legal. Ante la ilegalidad, las mayorías pobres recurren a prácticas riesgosas para su propia salud y se someten a procedimientos no supervisados sin ningún control de calidad o de precio. Los datos de la ENDESA 2007, confirmaron el elevado nivel de embarazos riesgosos en adolescentes: el 25% de las mujeres de 20 a 49 años tuvo su primer hijo antes de cumplir los 18 y el 44% antes de los 20 años.

Quinto, pretender imponer las creencias de una religión particular a toda la población no es diferente de las prácticas en países musulmanes que imponen la ley de esa religión a su población, por ser mayoritariamente musulmana. Esas leyes, al igual que las impuestas por la Iglesia Romana, se caracterizan por imponer un doble estándar de conducta, escondido en un lenguaje orwelliano. Tienen el efecto de desvestir a la mujer de sus derechos y convertirla en esclava o por lo menos en ciudadana de segunda clase, confinada al hogar y privada de su desarrollo como persona humana, con el mismo status que el hombre.

El congreso dominicano debe escuchar la ciencia, no a ideologías de ningún tipo. No puede legislar obedeciendo a religiones que se atribuyan conocimiento y control gerencial de lo que pueda suceder después que el cuerpo muere. Las creencias son opciones individuales, no pueden convertirlas en leyes que determinen quién vive y quién muere en territorio dominicano. Si la Iglesia Católica no estuviese gobernada por una Jerarquía de hombres solteros, discriminadores milenarios de la mujer y responsables de torturas y cacerías de brujas, quizás mostrarían un mínimo grado de compasión. No volcarían su compasión y tolerancia para proteger a sus sacerdotes pederastas.

Permítanme recordarles a los galenos dominicanos que el Juramento hipocrático que tomaron fue actualizado por la Declaración de Ginebra de 1948. Si tienen confusión sobre cual vida deben de salvar en el caso de que una mujer haya sido sexualmente violada, les recuerdo que una vida humana no puede ser congelada, pero un feto puede serlo; que una vida humana respira y puede sobrevivir fuera del útero de la mujer, pero un feto no puede; que una vida humana tiene personalidad jurídica, pero no encontrarán el nombre de un feto en los registros de la oficialía civil; y que se estima que más de la mitad de los embarazos terminan en abortos espontáneos, de los cuales muchas veces la mujer no se percata.

Para ser congruentes, necesitarían legislar para salvar a todos esos “bebés” que inadvertidamente se pierden entre orina y sangre; registrarlos en los libros de nacimientos con nombre y nacionalidad, y proporcionarles una adecuada sepultura en los cementerios.

Hoy acabo de leer una noticia que viene al caso: la noticia de la renuncia de Ratzinger a su función de Papa. Su manejo de la pederastia, junto a Juan Pablo II, ha llevado a la Iglesia a una crisis de credibilidad en todo el mundo desarrollado. Los seminarios se han vaciado y países tan intensamente católicos como Irlanda están abandonando las Iglesias. Su esperanza para lograr continuar el sacerdocio sin hombres casados ni monjas o mujeres consagradas, se ha vertido en el continente Africano.

El sometimiento a la justicia de los curas pederastas y la crisis de credibilidad de la Iglesia Católica ha sido posible porque los gobiernos de los países desarrollados en Europa, Norteamérica y Australia, han puesto al descubierto la hipocresía de una iglesia que se dice moral por defender la vida del no nato, mientras abusa sexualmente a niños y niñas indefensos y protege a sus pederastas.

Nuestro gobierno esconde la cabeza bajo la arena, otorgando privilegios a los pederastas ensotanados para que no sean investigados en los tribunales. Si el Gobierno del Presiden Medina se respeta, debe de abandonar su política de “gobernar con la Iglesia debido a su prestigio”. Debe de leer la prensa, libros, y medios de comunicación de países que no son bananeros y defienden los derechos de sus poblaciones más vulnerables. Nuestros niños y niñas son nuestro tesoro. Nadie debe de ser priorizado ante sus derechos.

(vía acento.com.do)

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