La libertad de cultos establecida por la Constitución de 1991 desencadenó un proceso de proliferación de cultos que reciben, sin mayor problema, el amparo estatal. Hasta marzo pasado estaban reconocidas por el Ministerio del Interior 3.600 iglesias cuya filosofía se sustenta en cualquier pasaje de la Biblia, de El Corán o incluso en visiones escatológicas sin sustento en la teología (vea aquí el registro oficial).
En un esfuerzo fiscal, que el Gobierno juzga sin precedentes, La Nación reservó este año en Presupuesto General $1,2 billones para inversión en el sector de la educación. La cifra contrasta con la de los ingresos de las iglesias que están estimados en cerca de $10 billones.
Los establecimientos educativos gozan de muy pocas exenciones tributarias, mientras que las iglesias, al amparo del Concordato y del derecho a la igualdad pregonado por la Constitución, tributan entre todas menos de $250 millones al año.
En virtud del Concordato entre Colombia y el Estado Vaticano y del derecho fundamental a la igualdad, no solo la Iglesia Católica goza de gabelas fiscales. Todas las demás tampoco están obligadas a presentar declaraciones de renta, no pagan impuestos sobre estas y tampoco tienen la obligación de registrar sus libros de contabilidad en cámaras de Comercio.
Al igual que las ONG, los movimientos religiosos son considerados congregaciones sin ánimo de lucro. Por eso sólo tienen que pagar retención en la fuentes por servicios distintos a los pastorales (un salario o una contraprestación por conceptos de asesorías, por ejemplo) y actúan como agentes retenedores de IVA por ventas de productos.
Salvo las donaciones que reciben del exterior, sometidas al pago de una retención equivalente al 3% de su valor, el resto de los movimientos financieros de las iglesias está lejos de la vigilancia estatal. Así, nadie les garantiza a los fieles que el grueso de sus diezmos, limosnas y aportes en general, entregados con fervor, vaya realmente a obras sociales o sea garantía para la redención de sus pecados.
(vía m.dinero.com)
En un esfuerzo fiscal, que el Gobierno juzga sin precedentes, La Nación reservó este año en Presupuesto General $1,2 billones para inversión en el sector de la educación. La cifra contrasta con la de los ingresos de las iglesias que están estimados en cerca de $10 billones.
Los establecimientos educativos gozan de muy pocas exenciones tributarias, mientras que las iglesias, al amparo del Concordato y del derecho a la igualdad pregonado por la Constitución, tributan entre todas menos de $250 millones al año.
En virtud del Concordato entre Colombia y el Estado Vaticano y del derecho fundamental a la igualdad, no solo la Iglesia Católica goza de gabelas fiscales. Todas las demás tampoco están obligadas a presentar declaraciones de renta, no pagan impuestos sobre estas y tampoco tienen la obligación de registrar sus libros de contabilidad en cámaras de Comercio.
Al igual que las ONG, los movimientos religiosos son considerados congregaciones sin ánimo de lucro. Por eso sólo tienen que pagar retención en la fuentes por servicios distintos a los pastorales (un salario o una contraprestación por conceptos de asesorías, por ejemplo) y actúan como agentes retenedores de IVA por ventas de productos.
Salvo las donaciones que reciben del exterior, sometidas al pago de una retención equivalente al 3% de su valor, el resto de los movimientos financieros de las iglesias está lejos de la vigilancia estatal. Así, nadie les garantiza a los fieles que el grueso de sus diezmos, limosnas y aportes en general, entregados con fervor, vaya realmente a obras sociales o sea garantía para la redención de sus pecados.
(vía m.dinero.com)
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