El Gobierno central dice que no puede controlar «adecuadamente» la labor de estos docentes y que al traspasar esta competencia pendiente el Estado ahorra dinero
Imagen de archivo de una reunión del obispo con profesores de religión de Cantabria. / Javier Cotera
El Gobierno da un plazo de un año para asumir de manera efectiva la gestión de los docentes de Religión en Primaria
Desde que Cantabria asumió las competencias educativas en 1998, el Gobierno regional gestiona, entre otras cosas, la contratación de los profesores de Religión de Secundaria. Sin embargo, los maestros de Religión de Infantil y Primaria han seguido bajo el control del Gobierno central. Ahora, el Ejecutivo de Rajoy ha decidido traspasar la gestión de estos docentes a las cuatro comunidades autónomas que en su día renunciaron a asumir esta competencia: Cantabria, Andalucía, Aragón y Canarias. El Gobierno central considera que el Ministerio de Educación no puede controlar «adecuadamente» la labor de los maestros de Religión y reconoce que así ahorrará dinero a la Administración General del Estado.
La propuesta está recogida en el informe de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA), según el cual, «no hay razón alguna que justifique la falta de traspaso a las cuatro comunidades autónomas que aún tienen pendiente» la gestión de esta parte del profesorado de Religión.
Según detalla el informe de la Subcomisión de Duplicidades, consultado por este diario, «dado que el Ministerio no tiene servicios propios en el área de Educación, fuera de Ceuta y Melilla y de los Servicios Centrales del Departamento, no es posible gestionar adecuadamente al profesorado de Religión en aquellas comunidades que no han asumido las competencias correspondientes respecto de este colectivo».
La Subcomisión señala que «esta situación anómala afecta a la gestión de este profesorado y supone un control inadecuado del mismo, así como otras disfunciones que podrían solventarse con la asunción por parte de esas comunidades autónomas de sus competencias en esta materia». Por todo ello, deja claro el informe, el Ministerio propondrá a las cuatro autonomías citadas el traspaso de la gestión de los profesores de Religión de Infantil y Primaria. El Gobierno dará un plazo de doce meses a los respectivos gobiernos regionales para hacer efectivo el cambio. Efectuar este traspaso, a juicio del Gobierno de Rajoy, sería «llevar a su puro y debido efecto la asunción de las competencias que en materia de enseñanza no universitaria establecen los Estatutos de Autonomía» de estas comunidades, conforme argumenta la Subcomisión de Duplicidades.
Según recogen los informes técnicos, el traspaso de la gestión de los maestros de Religión también supondrá un ahorro a las arcas del Gobierno central, aunque no se llega a detallar un importe. «No es fácil determinar el ahorro que se va a producir con la puesta en marcha de la medida, pero sí es cierto que el coste del profesorado de religión se ha ido incrementando en los últimos años y el número promedio permanente de profesores sustitutos se considera muy elevado, con lo que el traspaso va a suponer, sin ninguna duda, un ahorro de costes para la Administración General del Estado», dice el informe.
Aunque Cantabria tiene transferidas las competencias desde 1998 y el Gobierno ha traspasado los efectivos o las dotaciones presupuestarias para hacer frente al pago de las retribuciones de los profesores de Religión de Secundaria, no se llegó a efectuar el cambio con los de Infantil y Primaria. La razón principal, conforme recoge el documento del Gobierno, fue el conflicto que se abrió con los profesores de Religión cuando se incumplió la previsión contenida en los acuerdos con la Santa Sede de equiparar antes de 1999 el salario de estos docentes con los de los interinos, lo que dio lugar a «un sinfín de procedimientos» que acababan «condenando siempre al Estado a pagar esas diferencias retributivas». Superado esto, y con la situación «pacificada» tras el Real Decreto que en 2007 definió la situación del profesorado de Religión, «no hay razón alguna» para que estas cuatro comunidades autónomas no asuman la gestión de estos trabajadores; una medida que, «sin ninguna duda», generará ahorro para el Estado.
(vía eldiariomontanes.es)
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