Se requiere una ley acorde con la Constitución para garantizar el derecho a quienes se sienten humillados: Cenapred
Foto: Saddyd Mora
Leobardo Pérez Marín / Crystyan Vinagre
En Tabasco la división de clases sociales, la pertenencia a un determinado partido político, el paso de indocumentados y la religión son las principales causas por las cuales se presenta la discriminación entre ciudadanos, según considero Ricardo Antonio Bucio Mújica, el presidente del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred).
El 75.8 por ciento de los tabasqueños considera que el principal motivo de discriminación es por la desigualdad económica que prevalece en la entidad, siendo los “pobres” la población más vulnerable, mientras que el 44.6 por ciento señala a las diferentes creencias religiosas como el factor determinante para ser considerados inferiores.
Sin educación
De acuerdo a la Encuesta Nacional sobre Discriminación en Mexico Enadis 2010, para los tabasqueños el tema de la política genera el 69.3 por ciento de la discriminación, y la poca o nula educación protagoniza el 45.7 por ciento del este comportamiento social que insiste en separar a las personas por considerarlos “diferentes o inferiores”.
En entrevista con Tabasco HOY, el titular de Conapred señala que para garantizar el derecho a la no discriminación, se requiere acción por parte del estado y de los municipios, pero sobre todo que existan mecanismos de defensa y protección de los ciudadanos, reconociendo que falta una ley estatal en la materia.
Explica que en la entidad existen diferentes parámetros que marcan una discriminación y división entre la ciudadanía: “Tabasco tiene una medición según la encuesta nacional sobre discriminación, por ejemplo, hay una división que percibe la sociedad por la desigualdad socio económica, lo que podríamos considerar clasismo; otra percepción de división vía los partidos políticos y también las diferencias que se originan por la diversidad religiosa y por la situación del paso de migrantes”, refiere.
Ley y Constitución
Bucio Mújica precisa que la ley estatal debe incluir una armonización con lo que la Constitución y los tratados internacionales establecen como discriminación, las formas en las que se presenta y las prohibiciones expresas que existen, “lo que la ley propone también es que al igual que a nivel nacional, establezca una autoridad responsable del tema, alguien que garantice el ejercicio del derecho y no solamente una prohibición, sino las acciones del estado para modificar las situaciones que han permitido la discriminación durante décadas o siglos”, indicó.
Reconoce que el caso Manuelito fue y es un llamado de atención para el estado, y así poder visualizar lo que le falta en términos de legislación y políticas públicas: “en términos de una acción proactiva más que una cuestión reactiva cuando suceden estos casos”, concluyó.
(vía tabascohoy.com)
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