"No es admisible la injerencia de morales católicas en la ley"

(Iglesia de Base de Madrid)- En línea con lo anunciado desde muchos meses atrás por el ministro Sr. Gallardón, el gobierno aprobó, el pasado 20 de Diciembre de 2013, elanteproyecto de ley sobre la Interrupción del embarazo. El proyecto se denomina "Ley de protección de la vida del concebido y de los derechos de la mujer embarazada", un título que resume buena parte de la contrarreforma que el gobierno del PP quiere implantar: proteger en primer lugar la vida del no nacido y aparentar, de paso, que se respetan los derechos de la mujer, cuando en realidad el derecho a decidir de la mujer resulta tan proscrito que la mayoría de las organizaciones de mujeres lo han calificado como la reforma más restrictiva de la democracia, o como un retroceso de 30 años.

Un poco de historia

1985. La primera Ley sobre la interrupción voluntaria del embarazo (en adelante IVE) la planteó el gobierno del PSOE en 1983, pero no entró en vigor hasta que el Tribunal Constitucional decretó su constitucionalidad en 1985, rechazando el recurso interpuesto por el PP. En esa ley solamente se contemplaban tres supuestos para la despenalización de la IVE: A) Que exista grave peligro para la vida o salud física o psíquica de la embarazada, sin plazo para la interrupción; B) El embarazo por violación, con un plazo máximo de 12 semanas; y C) El supuesto de malformación fetal, acreditado por dos médicos especialistas, distintos de aquél que practique el aborto, hasta la semana 22 del embarazo.

2010. Veinticinco años más tarde, el PSOE volvió a presentar un nuevo proyecto de ley denominado "De salud reproductiva e interrupción voluntaria del embarazo" que supuso un paso muy importante en el reconocimiento de los derechos de las mujeres: reconoció la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) como un derecho, lo inscribió en el marco de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, y sustituyó el modelo de los tres supuestos contemplados en 1985, por un nuevo sistema de plazos. Lo más sustancial de esta ley, vigente hasta hoy, ha sido el permitir la interrupción libre del embarazo hasta la semana 14, y hasta la 22 en caso de riesgo grave para la vida o la salud de la madre o del feto (en este caso, acreditado por dos médicos). La ley contempla también la IVE después de la semana 22, si el feto llega a presentar anomalías incompatibles con la vida o sufre enfermedad extremadamente grave o incurable. La entrada en vigor de esta leypermitió acabar con los abortos clandestinos, que provocaban la muerte de más de 300 mujeres cada año.

Debe subrayarse, en contra de lo que ahora dicen los sectores más conservadores que, con esa ley, el legislador no hizo otra cosa que seguir la senda marcada tanto por el Tribunal Constitucional en 1985, que aconsejaba legislar "en línea de lo que sucede en la regulación positiva de los países de nuestro entorno", como por el Consejo de Europa que en 2008 recomendaba una ley de plazos. De hecho, 32 de los 47 países integrados en el Consejo de Europa disponían ya en 2008 de sistemas de plazos para la IVE.

2014. Pero ahora los sectores católicos más integristas del PP y la presión mantenida por los obispos españoles parecen haber impuesto posiciones morales y políticas propias de los años de Nacionalcatolicismo. El ministro Gallardón ha cumplido con este proyecto lo que ya había venido anunciando:

a) que la nueva ley abandone el ‘sistema de plazos' y vuelva a un modelo de supuestos más restringidos que los vigentes entre 1985 y 2010. Sólo habrá dos supuestos a los que puede acogerse la mujer: el embarazo por violación y el supuesto de grave peligro para la vida o la salud física y psíquica de la embarazada.

b) que la malformación del feto ya no será un supuesto para abortar. Sólo se podrá hacer si se diagnostica en el feto una patología "incompatible con la vida" y si ello le provoca a la embarazada "un daño psicológico importante y duradero". (circunstancias que deben ser acreditadas por dos médicos de cada especialidad).

Desaparece, por tanto, el derecho de la mujer a interrumpir el embarazo en las primeras 14 semanas y se reconoce al feto la condición de sujeto de derechos con prioridad sobre los derechos de la madre.

Este enfoque colisiona frontalmente con los tímidos avances producidos en la lucha histórica de las mujeres por alcanzar el reconocimiento pleno de sus derechos sexuales y reproductivos, entre los que destacaba el derecho a ser madre por voluntad propia. Salvo en los dos supuestos citados, la IVE volverá a ser un delito.

La voz de los Cristianxs de Base

En el debate social abierto durante la propuesta y tramitación de la ley de 2010, la Iglesia de Base de Madrid llevó a cabo un proceso de reflexión interno que culminó en el documento titulado "A propósito del aborto" (2009), donde se reflejaban distintas puntualizaciones favorables a esa idea central de que la IVE no puede nunca ser penalizada legalmente, sino reconocida como un derecho de las mujeres.

Hoy, tras valorar que la nueva contrarreforma del gobierno está tristemente inspirada por la Moral católica más conservadora, consideramos necesario y urgente

a) denunciar la violencia contra los derechos fundamentales de las mujeres que implica este proyecto de ley, especialmente grave en el contexto de necesidad que viven la mayoría de las mujeres de este país. En medio de una situación de crisis socioeconómica como la que padecemos, la contrarreforma que se avecina es doblemente lesiva para miles y miles de mujeres pertenecientes a los sectores más populares, que serán castigadas por ser mujeres (dominación patriarcal) y por ser pobres (dominación clasista), pues la penalización de la IVE les afectaría de modo infinitamente superior que a quienes gocen de estatus social superior o pertenezcan a la clase social dominante; y

b) denunciar igualmente que esta futura ley supone un atentado más a la laicidad del Estado

Consideramos que la tensión y el conflicto a que se ven sometidas las mujeres cuando se enfrentan a la difícil decisión de interrumpir un proceso de maternidad es tan dramático que el hecho sólo puede ser contemplado con entrañas de misericordia y actitud de máximo respeto a la autonomía de la conciencia de cada mujer. Su decisión, tomada dentro de un entorno de máxima información y ayuda, es el principal valor a preservar en cualquier norma de convivencia civilizada.
Desde estas premisas está concebido este documento.

El Derecho y la Moral en una sociedad plural

Como ya se ha apuntado, la huella de la Moral católica más tradicional parece incuestionable en ese planteamiento de restauracionismo moral que el PP pretende implantar en materia de interrupción del embarazo. Pero, legislar en base a concepciones morales particulares, ¿es de recibo en una sociedad pluralista ideológica, cultural y moralmente? ¿Es democrático?

¿Cómo entender que, a pesar de que la práctica de la IVE no ha aumentado en los últimos años en ninguno de los tramos de edad, y a pesar de que prácticamente han desaparecido los abortos clandestinos, el Gobierno de un país que se dice democrático se someta a la presión de una minoría, -los sectores ultra católicos- aceptando la barbaridad jurídica e ideológica de equiparar la IVE con el homicidio, de atribuir al feto la condición de sujeto de derechos con prioridad absoluta sobre los derechos de la madre y de reconocer la existencia de persona humana desde el momento mismo de la concepción? ¿Cómo podemos los ciudadanos aceptar que lo que a juicio de los obispos es pecado, se considere delito por las leyes civiles y penales? Más aún ¿cómo pueden explicarse este tipo de leyes en un Estado que se proclama aconfesional y democrático? ¿Se trata acaso de resolver un problema social o jurídico? En modo alguno. Si acaso podría ser objeto de debate la edad para decidir abortar (14, 16 ó 18 años), pero eso no justifica una nueva ley.

Estamos claramente ante la ofensiva de un fundamentalismo ideológico y moral que navega contra la historia y contra la conciencia colectiva de las mujeres. Una contienda en la que se enfrentan los derechos de las mujeres frente a los dogmas de origen religioso; el poder clerical de una determinada casta frente a valores laicos de autonomía de la mujer y respeto a su libertad de conciencia. En ese dilema se evidencia la gran contradicción entre el principio de laicidad inherente a toda sociedad democrática y los integrismos uniformantes de las cosmovisiones religiosas o filosóficas que niegan el pluralismo ideológico, político y moral.

En una sociedad abierta y plural, el Estado no puede regular los distintos espacios de la convivencia social desde los principios de ninguna moral particular, ni interferir en la conciencia moral de las personas. El derecho que ha de regir la vida social deberá basarse en aquellos valores morales que sean socialmente compartidos. En nuestro caso los que se derivan de los derechos y libertades fundamentales que se reflejan en la Constitución. En una sociedad democrática, el derecho -y el Estado- no pueden sino respetar la autonomía de la conciencia, sin valorar la bondad o el error de ninguna moral particular, ni permitir ninguna interferencia de morales particulares en su seno. Derecho civil común y morales particulares han de ser siempre territorios independientes. ¿Cómo si no podría conjugarse que estemos todos sujetos al mismo derecho, desde la diversidad moral existente en la sociedad?

De este pluralismo ideológico se deduce que aun cuando una persona considere que la IVE es un acto inmoral, debe aceptar la separación entre el derecho como sistema regulador de intereses generales y su moral particular, sin pretender que aquello que no está de acuerdo a su moral se inscriba en el derecho penal y sea considerado delito. En el caso que nos ocupa, debe asumir esa separación sin tratar de impedir que las mujeres puedan ejercer su derecho a interrumpir el embarazo y todos sus derechos sexuales y reproductivos. Porque la salud sexual y reproductiva de la mujer concierne a la Ética cívica, al margen de las creencias religiosas de cada uno. Así lo pide la lógica democrática, tanto en un Estado laico como simplemente aconfesional.

No cabe duda de que la jerarquía eclesiástica no ha llegado nunca a entender lo que significa una sociedad democrática y un pluralismo ideológico y moral; ni siquiera parece importarle mucho la autonomía moral de las mujeres, ni su dignidad, ni los sufrimientos ocasionados cuando se les ha obligado a ser madres contra su voluntad. Tampoco parece ser muy consciente de la secuela histórica de muertes, lesiones graves y sufrimientos múltiples provocados por el ejercicio fanático de una moral católica anclada en el medioevo o en tiempos de la Contrarreforma.

Desde hace décadas venimos reclamando la separación de la Iglesia y el Estado, es decir, la autonomía del poder político respecto a las confesiones religiosas. Pero para construir un Estado Laico, esa independencia institucional no servirá de mucho si no viene acompañada también del pleno ejercicio de la libertad de conciencia y la igualdad jurídica y de trato de todos los ciudadanos, al margen de sus creencias o convicciones.

Un derecho que se inspire en la moral católica tradicional, que castigue penalmente la IVE y no reconozca este derecho a las mujeres, está obligando a miles de ellas a una opción de vida que no desean y negando su propia dignidad y autonomía. Sería un derecho injusto, pues coacciona un derecho fundamental de la persona, el de la libertad de conciencia de la mujer, a quien se le impone la obligación de ser madre contra su voluntad. Y es que, utilizar los mandatos o prohibiciones divinas, cuya violación el creyente entiende como pecado, para convertirlas en leyes civiles obligatorias para todos equivale a identificar pecado con delito. Algo inconcebible hoy, dada la evolución de la conciencia humana y el desarrollo de la cultura democrática.

Por ello, hoy es urgente volver a decir, alto y fuerte, que derecho público y moral católica han de ser realidades autónomas. Por numerosos que sean los católicos en nuestro país, el Estado, si quiere ser democrático, no puede sino garantizar a las mujeres el ejercicio del derecho de autodeterminación sobre su propio cuerpo, el derecho a que su maternidad sea voluntaria, nunca forzada.

La vida humana y su comienzo

Podemos partir de algunos principios asimilados por todos:

1.- ¿Qué es vivir? Qué se entiende por vida humana? Hay muchas formas de vivir que no son vida y hay muchas formas de vida que no son vivir, al menos no vivir dignamente: todas aquellas que impiden o no posibilitan el desarrollo de las personas, que no aseguran los medios básicos indispensables para que las personas crezcan como tales, que no garantizan el respeto de todos y cada uno de los derechos humanos, etc.

2. La vida de las personas es mucho más que la vida biológica, pues implica siempre dignidad y derechos.

3.- La mujer no es solo un ser biológico cuyo cuerpo cumple unas funciones sexuales y reproductivas. El cuerpo de la mujer es inseparable de su ser de persona y por tanto, de su dignidad, su autonomía, su libertad de conciencia y sus derechos, por lo que su dimensión biológica y su dimensión de persona, sujeto de derechos y libertades, son inseparables.

4.- Sobre el comienzo de la vida no se pueden hacer afirmaciones ni negaciones rotundas. Hay aún muchas preguntas que no tienen respuestas definitivas. Decidir en qué momento se puede hablar de vida humana es, aún, un tema abierto. Lo que es evidente es que las mujeres como son personas, son sujetos de derechos, de decisión y de conciencia personal. Esta conciencia debe ser, en todo caso, respetada. La decisión de ser o no madre, siempre deberá ser suya.

Aun siendo estas afirmaciones tan evidentes, solo desde unos supuestos de laicidad, es decir de respeto de una ética laica exigible a todas y cada una de las personas que forman una sociedad dada, pueden contemplarse y garantizarse en todos los casos. Pero vivimos en un país cuyos gobiernos se empeñan una y otra vez en legislar no para todos los ciudadanos, sino para solo una parte: aquellos que asumen como propia la moral católica. Esto pone a los ciudadanos en su conjunto, en la tesitura de soportar una violencia intolerable: ser sometidos a unas leyes que obligan a asumir planteamientos morales propios de una religión particular.

Es interesante ver, aunque sea esquemáticamente, cómo se contempla el comienzo de la vida humana y la vida misma, desde la moral católica y desde una cultura laica:

Según la tradición católica:

La vida humana y su comienzo se entienden desde una triple dimensión:

a) La dimensión "teológica" o religiosa
La vida depende de Dios. La vida no nos pertenece, pertenece a Dios, es posesión de Dios y ha sido puesta a nuestro cuidado. La vida es sagrada y no podemos decidir sobre ella. Proviene de una "naturalidad biológica". La vida llega por medio de la familia, por elmatrimonio monogámico heterosexual, que tiene un mandato reproductivo. En la fecundidad del amor conyugal el matrimonio colabora con Dios en la generación y educación de nuevas vidas.

b) La dimensión "científica o técnica": La vida llega por la unión marital de hombre y mujer. El inicio de la vida biológica y la vida de derechos empieza con la unión de gametos masculinos y femeninos. Es decir, la vida biológica determinaría la existencia de los derechos. Tiene su fundamento en la ley natural querida por Dios. El cuerpo no es fundamental, es solamente un receptáculo útil para el cuidado del alma, de lo sagrado. La reproducción humana "únicamente" proviene de esa unión, no de otra manera. La vida de la persona depende de la vida biológica, sobre la que no hay discusión posible porque es sagrada.

c) La dimensión "política" o legislativa:
La vida así entendida es tutelada por el derecho, las leyes, los Estados. Se trata de un bio-poder que protege, ampara y controla un modelo de familia basada en la naturaleza humana, en la ley natural querida por Dios. Es lo propio de la pareja monogámica con carácter reproductivo. Lo que aquí aparece es la regulación política del cuerpo de la mujer y una política atravesada por un sistema de creencias del aparato teológico-científico. Esta vida que la ciencia determina y que la Iglesia sostiene (la encíclica Humanae vitae, de Pablo VI, 1968), es asegurada políticamente por el Estado confesional que la defiende y es el soporte de su estructura y derechos.

Según la cultura laica:

La cultura laica rechaza ese monolitismo ideológico-político de los católicos porque parte de la realidad de una sociedad plural con diversidad de creencias, morales y cosmovisiones distintas.

En segundo lugar, la cultura laica respeta toda clase de creencias y convicciones, ante las que no tiene nada que decir ni que argumentar. Porque no entra dentro del ámbito de la razón, son propias de la libre decisión de cada ciudadano/a.

En tercer lugar, las opiniones científicas de los biólogos, médicos, etc. sobre el comienzo de la vida humana, no son dogmáticas, son eso, opiniones más o menos fundamentadas, pero la laicidad no puede decantarse por alguna en concreto, porque a un argumento no puede oponerse otro argumento igualmente válido. En este tema de la vida humana y su comienzo no se pueden hacer afirmaciones o negaciones rotundas. Hay muchos interrogantes, muchas preguntas que no tienen respuestas probadas ni comprobadas. Decidir en qué momento se puede hablar de vida humana es un tema abierto, sin conclusiones claras. La cultura laica no pretende tener una solución a este tema.

En cuarto lugar, desde la laicidad que propugna la separación neta de Iglesias y Estado,no es admisible la injerencia de morales católicas en la legislación que afecta y obliga a toda la ciudadanía. Y mucho menos afirmar el poder político que quiere imponer unas leyes orientadas por un modelo concreto de familia: monogámica y heterosexual, como si fuera el único real en el país.

Desde la cultura laica, la IVE es la expresión del derecho de toda mujer a decidir sobre su maternidad. La vida tiene un amplio sentido: defiende una dimensión integral, universal, que abarca a todo ser vivo y reivindica unas condiciones de vida dignas para todo ser humano.

En una ley civil, dictada para toda la ciudadanía, no puede intervenir la moral católica porque contradice la Constitución que afirma (art. 16.3) que estamos en un Estado que se proclama aconfesional y democrático. Porque la salud sexual y reproductiva de la mujer concierne a la Ética cívica, al margen de las creencias religiosas de cada uno. Así lo pide la lógica democrática, tanto en un Estado laico como en un Estado simplemente aconfesional.

La IVE y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres

Si bien los problemas relacionados con la IVE y con los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres, en cierto modo afectan a la sociedad en su conjunto, no cabe duda de que afectan de una manera fundamental a las mujeres: es su cuerpo, su vida, su derecho a elegir si quieren o no ser madres, cómo, cuándo, etc. Las mujeres son personas y como tales tienen la misma dignidad que el resto de la ciudadanía y el mismo derecho a comportarse según los dictados de su propia conciencia.

Las mujeres son sujetos de derecho. En el inicio-preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos podemos leer: ..."Considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta su fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres, etc.". Por otra parte, el Estatuto de la Corte Penal Internacional (Roma, 1998) define y codifica por primera vez en el Derecho Penal Internacional la violación, la esclavitud sexual, el embarazo forzado y otras formas de violencia sexual y reafirma el texto de Viena (1993) considerando como una violación de los derechos humanos la ingravidez indeseada, como efecto de la violencia sexual y sexista.

A la mujer le corresponde decidir la interrupción de su embarazo, contando siempre congarantías sanitarias, psicosociales y jurídicas adecuadas en los servicios públicos.

Desde que existen las sociedades patriarcales, el cuerpo de las mujeres ha sido permanentemente un campo de batalla, objeto de todos los discursos, de todo tipo de prácticas médicas, controles, reglas y disciplinas. Ha sido y sigue siendo objeto de derechos, y si, frecuentemente, objeto de derechos de otros, como cuerpo no autónomo, sino sometido a poderes ajenos: maritales, religiosos, etc. pero casi nunca sujeto de derechos.

Pero lo cierto es que a las religiones (a sus jerarquías o cúpulas, a las castas sacerdotales, en su conjunto) no les interesa mucho la autonomía moral de las mujeres, ni su dignidad ni sus sufrimientos, pero tampoco les preocupan muy seriamente los abortos: al menos no ponen mucho énfasis en impulsar políticas preventivas de embarazos no deseados, llegando a aberraciones como prohibir o condenar el uso de preservativos en zonas del mundo muy densamente pobladas y carentes de lo más necesario para llevar una vida digna. Al final, y sin muchas dificultades, lo que se percibe es que el interés de las iglesias está básicamente centrado, no en la mujer como ser humano, sino como simple receptáculo, y como productora de nuevas vidas, desentendiéndose del respeto por su dignidad como personas y por la autonomía de su libre conciencia.

Por todas estas razones, y en el contexto que se está viviendo en este país, no podemos sino denunciar de la forma más enérgica:

-La actitud del gobierno que pretende legislar de acuerdo con la "moral" de la Iglesia Católica, que no es la del conjunto de la ciudadanía, aun a sabiendas de que los retrocesos en los derechos de las mujeres, solo traerán consecuencias muy graves para muchas de ellas y para sus familias. Que con una mano restringen las condiciones de la IVE en el caso de fetos con malformaciones graves o muy graves y con la otra mano,recortan las ayudas a la dependencia. Dicen proteger la vida y la familia, pero congelan el salario mínimo, o desoyen el clamor de la gente que grita para que no les desahucien de sus casas.

-La actitud de la jerarquía de la IC, siempre dispuesta a influir en las orientaciones políticas y en la tarea legislativa de los gobiernos. No es ya el tiempo de que la cruz y la espada sigan juntas, pero este país, gracias tanto al Gobierno como a la Jerarquía de la Iglesia Católica, está viviendo en estos tiempos una vuelta al pasado de miseria, de corrupción y de atropellos contra todos los valores éticos y cívicos.

(vía periodistadigital.com)