El hombre detrás del proyecto es Melvin Jiménez, ministro de la Presidencia. Jiménez, quien fue designado por Solís en abril, es también un obispo luterano.
San José (panampost.com) - En lugar de reducir la presencia religiosa en el Estado, una agencia determinará qué otras religiones recibirán beneficios a expensas de los contribuyentes en Costa Rica.
“Quiero un Estado secular… pero no uno sin Dios”, afirmó en abril el presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís. El recientemente electo mandatario prometió que le pondría punto final a la regulación del catolicismo en Costa Rica, pero su apoyo al pendiente proyecto de ley 19.099, la Ley para la Libertad Religiosa y de Culto, ha dejado a muchos ticos en un estado de confusión. Lejos de abordar el secularismo, la propuesta sostendría a múltiples religiones bajo el amparo del Estado.
La Iglesia católica dejaría de ser la única beneficiaria del dinero proveniente de los impuestos, y otras religiones se sumarían para disfrutar una porción de la torta. Sin embargo, una vez que el proyecto de 70 artículos llegó al recinto legislativo, la reacción fue inmediata.
La manifestación más reciente tuvo lugar el martes, cuando alrededor de 80 ticos se reunieron en las afueras de la residencia presidencial para protestar. Organizaciones como el Movimiento por un Estado Laico en Costa Rica e Invisibles lideraron las protestas frente a la residencia de Solís.
“Creemos que lo correcto es ir directamente a la puerta de la casa de Solís, y de una manera respetuosa expresarle nuestro descontento y entregarle un documento que resume las causas de nuestra protesta”, dijo Vladimir Sagot, vocero de la ONG costarricense Invisibles.
Ambas organizaciones compartieron un documento que critica los privilegios impositivos y las donaciones estatales hechas a la Iglesia católica —junto a la posible expansión de estos privilegios a otros grupos religiosos.
Reclaman que el proyecto “nos aleja de la posibilidad de alcanzar y construir un Estado laico, como otros Estados modernos en el mundo. Por el contrario, nos coloca detrás de las agendas de los credos particulares, extendiendo exenciones fiscales y otorgándoles un tratamiento preferencial —hoy únicamente reservados para la ‘religión estatal oficial’— a los otros grupos religiosos”.
El hombre detrás del proyecto es Melvin Jiménez, ministro de la Presidencia. Jiménez, quien fue designado por Solís en abril, es también un obispo luterano.
“Hay un conflicto de interés”, dice Otto Guevara, excandidato presidencial del Movimiento Libertario. “El Ministerio de la Presidencia está en una situación delicada… Su posición es débil cuando presenta proyectos de este estilo”.
No obstante, Jiménez insiste que su decisión de incluir a su congregación como uno de los exclusivos beneficiarios de privilegios estatales no tiene relación alguna con su pasado religioso: “Mi firma para realizar la convocatoria al periodo de sesiones extraordinarias responde al cumplimiento de mis funciones como ministro de la Presidencia y no a ningún interés particular fuera del cargo”.
Laicismo, pero con Dios
El diputado Fabricio Alvarado, uno de los principales patrocinadores del proyecto, sostiene: “Lo que se ha propuesto hasta ahora como Estado laico es un Estado ateo, donde se saque a Dios de todo, donde los diferentes credos no puedan hacer uso de bienes públicos del Estado. Así no se puede concebir”.
En la actualidad, Costa Rica es el último Estado oficialmente católico en América Latina. Tiene la obligación constitucional de proveer una serie de privilegios y exenciones a la Iglesia católica. De esta manera, cada año el Ejecutivo le transfiere una parte de su presupuesto a las cuentas eclesiásticas. Más allá de esta contribución directa, existen otros beneficios, como los subsidios a las escuelas católicas, la asistencia desde el Ministerio de Cultura para la restauración de templos, exenciones al impuesto sobre la propiedad, y asistencia financiera para proyectos de bienestar social.
Expandiendo el asistencialismo, el proyecto incluye una nueva estructura burocrática que se ocupará de asuntos religiosos y tendrá a su cargo la creación de un registro de iglesias. Luego, el Gobierno central determinará qué grupos religiosos recibirán los beneficios que ya recibe la Iglesia católica, y cuáles no.
La inclusión de otras religiones sólo podrá realizarse si la Asamblea Nacional reforma el artículo 75 de la Constitución que declara a la religión católica apostólica romana como la única oficial del Estado. Según el legislador Gonzalo Ramírez, el objetivo de este proyecto es establecer la igualdad religiosa en Costa Rica, para garantizarle derechos a todas las iglesias.
Los beneficios no solo consistirán en concesiones financieras, sino que además facilitará el otorgamiento de permisos de seguridad para el uso de la infraestructura necesaria y de alta ocupación.
El legislador cristiano Gonzalo Ramírez del Partido Renovación Costarricense ha defendido el proyecto y manifestó su intención de no obtener beneficio económico alguno del Estado. Más precisamente, Ramírez afirmó que el proyecto garantiza igualdad de derechos para las Iglesias —hasta ahora inexistente— y nivela el campo de juego para las evangélicas.
Por ejemplo, sostiene que con la aprobación de la ley 19.099, las Iglesias no tendrán que cerrar por órdenes accesibilidad y seguridad del Ministerio de Salud: “Buscamos una igualdad real con este proyecto de ley y que no sigan discriminando a la minoría evangélica de este país“.
De acuerdo con Jaime Ordoñez, director del Instituto Centroamericano de Gobernabilidad , este proyecto es un “gran paso hacia atrás” para la nación. Ordoñez señala que la iniciativa sólo expandirá el amiguismo con las diferentes Iglesias —luterana, evangélica, protestante u ortodoxa— a expensas de los contribuyentes.
“Esto quiere decir que además de la Iglesia católica, también financiaremos mediante impuestos a todas las demás”, afirma Ordoñez.
Estos grupos religiosos serán aprobados por una agencia estatal creada para ello, que, según Ordoñez, será controlada políticamente.
“No estamos solo transformándonos en un Estado con muchas religiones patrocinadas, estamos creando nuevas estructuras gubernamentales que determinarán qué religiones son ‘aprobadas’ y están aptas para recibir los nuevos beneficios, financiados con nuestros impuestos… Es difícil imaginar algo tan regresivo y espantoso”.
(Via elpais.cr)
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